El caso de AVILTREX, S.A.S. de C.V. suma elementos a la investigación. El 30 de enero de 2025, mediante el oficio ORETAM/0167/25, se le autorizó transportar 77 mil litros de gasolina y diésel contaminados en cuatro unidades. El expediente registra inconsistencias: domicilio en Ciudad Victoria, código postal de Nuevo Laredo y lada de Sonora.  La normatividad faculta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para verificar físicamente estos datos antes de autorizar el transporte, inspección que resulta fundamental cuando informes periodísticos han vinculado a unidades de AVILTREX con aseguramientos previos de combustible.

De acuerdo a reportes periodísticos, en 2023 fuerzas federales en Hidalgo aseguraron unidades asociadas a la empresa junto con 24 mil litros de hidrocarburo de procedencia ilícita. Posteriormente, en abril de 2026, una pipa identificada con la misma razón social volcó en Sonora; autoridades estatales confirmaron que la unidad contaba con reporte de robo. La propiedad y participación jurídica de AVILTREX en esos acontecimientos requiere todavía confirmación mediante documentos oficiales, pero la cronología muestra antecedentes de aseguramientos, seguidos de la obtención de autorizaciones federales para el transporte de hidrocarburos, y el reciente decomiso en Tamaulipas.

De forma paralela, la capacidad operativa de Benito Calderón continuó en expansión, obteniendo aval en octubre de 2025 (oficio ORETAM/2201/25) para incorporar tres autotanques adicionales de 43 mil litros cada uno. En total, 129 mil litros adicionales de capacidad, nueve meses antes del cateo. El siguiente cruce de información es clave: comparar placas y números de serie de esas pipas con los vehículos asegurados. Una coincidencia física confirmaría que unidades amparadas por permisos ambientales terminaron dentro del complejo intervenido por las autoridades federales.

La clave de los generadores y la respuesta oficial

La normativa ambiental exige que el transporte de residuos petroleros provenga de un generador plenamente identificado mediante manifiestos de entrega, transporte y recepción. La trazabilidad legal de este hidrocarburo recae en determinar qué entidades generaron los miles de litros movilizados. Si los volúmenes son producto de una actividad industrial real, deben existir empresas capaces de comprobar dicha generación y la ausencia de manifiestos, o la detección de generadores sin la capacidad instalada para producir esas cantidades, sería el indicador administrativo de que los volúmenes transportados carecen de un origen comprobable.

A lo largo de este proceso, la firma de Horacio del Ángel avala los trámites administrativos; sin embargo, en los expedientes no existe evidencia de que la dependencia haya ejercido sus facultades de inspección. Los permisos por sí mismos acreditan un trámite, no un delito ni la participación de servidores públicos, pero los manifiestos, generadores declarados, placas y números de serie son los elementos que la autoridad judicial requerirá para la investigación.

Para integrar la postura oficial sobre la validación de estos permisos, este medio solicitó una entrevista con el titular de la representación federal; sin embargo, en sus oficinas negaron la atención bajo el argumento de que únicamente responden a requerimientos previa instrucción directa desde la Ciudad de México. El avance de las carpetas de investigación por el cateo del 7 de agosto deberá determinar si las licencias emitidas en la capital tamaulipeca ampararon el tránsito del hidrocarburo asegurado y cuál fue el alcance de las autorizaciones otorgadas.