Lo que en el papel se vendió como la gran salvación ambiental de Tampico y un alivio millonario para el erario, hoy es un lote vacío, una concesión cuyo plazo fue reiniciado y 700 toneladas diarias de basura que siguen siendo trasladadas hacia Altamira. Cinco años han pasado desde que se entregó la concesión por 20 años a Hova Green, S.A.P.I. de C.V., y del prometido Ecoparque Industrial no existe aún infraestructura en operación.

La realidad contrasta con el discurso oficial, apenas el pasado 30 de julio de 2026, la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya presumió la movilización de 56 camiones en dos turnos para sacar 700 toneladas de residuos diarios desde el centro de transferencia del Libramiento Tampico-Valles. Justo ahí, en ese mismo punto, el Ayuntamiento regaló 2.5 hectáreas por dos décadas para una planta separadora y generadora de biogás que hoy, simplemente, es un “elefante invisible”.

El hallazgo no es una estimación al aire, con una revisión documental de los acuerdos de Cabildo, los decretos del Congreso del Estado y el expediente ambiental de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) revela una cadena de posibles contradicciones, favores políticos y, sobre todo, opacidad.

El permiso “condicionado” y la fianza de burla

El historial del proyecto es un manual de cómo burlar la ley. En diciembre de 2022, Hova Green ingresó los trámites ante Seduma; nueve meses después, el 17 de junio de 2023, la dependencia estatal rechazó el estudio de riesgo ambiental, pues la empresa pretendía generar 133.45 megawatts eléctricos al día, destrozando el tope legal federal que permite un máximo de 3 megawatts.

El rechazo inicial no impidió que el proyecto terminara autorizado, pues en Tamaulipas un “no” oficial puede convertirse en un “sí”, aunque el proyecto siga sin ser viable. El 3 de abril de 2024, la Seduma, bajo el mando de Karina Lizeth Saldívar Lartigue, dio luz verde al proyecto mediante el expediente SEDUMA/MIA-038-2024-021, lo autorizó de manera condicionada, dejando fuera el biodigestor y el aprovechamiento de biogás, es decir, el corazón y el pretexto principal de la obra.

En el resolutivo la propia autoridad ambiental reconoce por escrito que el proyecto afectará permanentemente el suelo y temporalmente el aire. Peor aún, admite que la obra no es compatible con el uso de suelo vigente según el Plan de Ordenamiento de Tampico. Para subsanar esto, le dieron a la empresa seis meses para que el Ayuntamiento de Mónica Villarreal les expidiera una licencia a modo. 

El Estado fijó una fianza de 100 mil pesos para responder por posibles daños a la salud y al ecosistema, mientras el proyecto contempla una inversión de 400 millones de pesos.

El reloj reiniciado y el costo de la espera

La concesión original, entregada en 2021 en la administración de Jesús Nader bajo el decreto 64-847, caducó legalmente porque la empresa jamás inició operaciones. El 7 de febrero de 2025, el Cabildo de Villarreal ratificó la entrega del predio por unanimidad. Meses después, el 30 de junio, el Congreso de Tamaulipas le hizo el “traje a la medida” a la empresa: derogó el decreto muerto y emitió uno nuevo, reiniciándole el conteo de los 20 años de concesión.

En 2021 se prometió que el ecoparque evitaría enviar el 60 por ciento de la basura al relleno sanitario de Francisco Medrano (a casi 32 kilómetros de distancia), bajando el costo de disposición de 350 a 80 pesos por tonelada. Al ratificar el regalo del predio, la alcaldesa Villarreal prometió ahorros por 21 millones de pesos anuales.

A 18 meses de esa ratificación, alrededor de 32 millones de pesos de supuesto ahorro esfumados, y 700 toneladas diarias que el municipio sigue pagando por trasladar. En contraste, su vecino, Ciudad Madero, con 90 millones de inversión, abrirá su propia estación de transferencia el próximo mes de septiembre.