Después de más de 15 años de operación, la polémica historia de Victoria Meters en la capital tamaulipeca llega a su fin. La cancelación de los estacionómetros cierra una concesión otorgada en 2009 que continuó funcionando de manera irregular desde febrero de 2024. Así es: durante meses los aparatos siguieron generando cobros a los automovilistas cuando su plazo legal ya había vencido.

Como lo documentó Artículo 7, el negocio operó sin la autorización que exigía su propio decreto de concesión, y el Cabildo jamás aprobó formalmente una prórroga. Los números son claros: la empresa recuperó al menos 15 veces la inversión inicial prevista en el contrato y continuó cobrando a pesar de que su periodo de explotación había concluido.

Pero el entramado de Victoria Meters va más allá de nuestra ciudad. La investigación de Artículo 7 identificó que el grupo empresarial ligado a Salomón Rosas Ramírez y la familia Negrete Villalobos ha operado sistemas de parquímetros en Guadalajara, Tonalá, Cozumel y Puerto Vallarta. En estas ciudades, sus empresas acumularon un historial de acusaciones por presuntos desvíos millonarios, concesiones canceladas y conflictos con las autoridades municipales.

Uno de los episodios más cuestionados en su etapa final ocurrió cuando los usuarios en Ciudad Victoria comenzaron a recibir boletos con la leyenda “Gobierno de Matehuala 2026”. Este hecho coincide con la incursión política de la familia Rosas en San Luis Potosí, donde uno de sus integrantes ocupa actualmente una diputación local, lo que abrió serias dudas sobre el origen del material utilizado para seguir cobrando en Tamaulipas.

Hoy, con la salida de los parquímetros, la responsabilidad recae en el Ayuntamiento. Las autoridades deberán definir qué esquema sustituirá a esta concesión: si se mantendrá el uso de los equipos actuales, si se emitirá una nueva licitación o si se implementará un sistema digital de administración.

El gran pendiente sigue siendo la transparencia. Tras más de una década de cuestionamientos, la exigencia pública es conocer bajo qué mecanismo se administrará el nuevo servicio, cómo se realizará la asignación y garantizar que la información sobre la recaudación y el destino de los recursos sea completamente abierta.