Un boquete de 585 millones de pesos exhibe inconsistencias en el ejercicio del erario bajo la administración de Carmen Lilia Canturosas Villarreal. Mientras el gobierno municipal de Nuevo Laredo reportó una erogación superior a los mil 500 millones de pesos en Inversión Pública durante 2025, la revisión documental muestra que más de la tercera parte de ese recurso no se encuentra respaldado en plataforma de transparencia. El monto fue operado sin contratos, licitaciones o fallos disponibles para consulta pública.

Este faltante no deriva de estimaciones externas ni de proyecciones, sino de la comparación entre los propios informes emitidos por el Ayuntamiento. La discrepancia se encuentra entre el gasto en obra pública reportado ante las autoridades hacendarias y la documentación técnica disponible en los portales oficiales de transparencia. El cruce de esa información muestra que una parte de los recursos ejercidos no cuenta con contratos, licitaciones o fallos accesibles para consulta pública.

De acuerdo con el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2025, la administración municipal devengó mil 570 millones de pesos en el Capítulo 6000, correspondiente a Inversión Pública. Sin embargo, la revisión de los procedimientos de adjudicación transparentados arroja apenas 985 millones de pesos acreditados. Esto deja una brecha de 585 millones en la más absoluta opacidad gubernamental.

La fiscalización de los informes contables descarta que la irregularidad corresponda a Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). El Estado Analítico refleja el flujo constante en los cortes financieros de 2025, evidenciando que se trata de presupuesto devengado en el año 2025 y no de pasivos o pagos rezagados de obras heredadas.

Tampoco es posible justificar la omisión bajo la figura de compromisos plurianuales. El padrón de obra pública 2024 expone 272 proyectos, de los cuales solamente 19 mantienen una vigencia extendida hacia 2025. El techo financiero de estas obras en transición asciende a escasos 48 millones de pesos, una cifra que no cubre la diferencia de los cientos de millones ausentes en los registros.

La Ley de Transparencia y la normatividad hacendaria dictan que todo el ejercicio del gasto público exige un soporte documental irrefutable, ya sea mediante la contratación de terceros o por ejecución de administración directa.

En el caso de la obra por administración, el Ayuntamiento no queda eximido; por el contrario, está obligado legalmente a transparentar y conservar las pólizas de materiales, comprobantes de nómina, bitácoras de mano de obra y costos de ejecución para cada proyecto.

A la fecha, el entramado institucional del municipio carece de los registros oficiales necesarios para auditar el destino final de estos 585 millones de pesos. El recurso fue catalogado y reportado como inversión pública, pero en la práctica, es fiscalmente inverificable conocer en qué proyectos se aplicó esta porción del erario.