Tamaulipas acumula más de 1,800 suicidios de menores de edad registrados en averiguaciones previas y carpetas de investigación que guarda la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT), una cifra que refleja la dimensión de una crisis silenciosa y persistente. Lejos de tratarse de casos aislados, los datos muestran años con incrementos abruptos y picos históricos que revelan un problema de salud pública que ha ido profundizándose, especialmente entre la población joven.

El primer ascenso notable ocurrió en 2017, cuando los suicidios llegaron a 159 casos, pero el repunte más crítico se dio entre 2019 y 2021. Dentro de ese periodo, 2021 se convirtió en el año más letal, con 251 personas que se quitaron la vida, el registro más alto en la última década. Aunque 2022 presentó una ligera disminución de 227 casos, la cifra volvió a crecer en 2024, año que cerró con 213 suicidios.

En 2025, aun sin concluir el año y con datos únicamente hasta julio, ya suman 125 casos, lo que anticipa otro cierre preocupante si la tendencia no se contiene.

Aunque los documentos analizados de la Fiscalía no contienen el desglose por edad, la tendencia nacional y los estudios de salud mental advierten desde hace años que el suicidio crece de manera acelerada entre niñas, niños y adolescentes. Diversos factores de riesgo han ganado fuerza en este grupo:

Violencia familiar o entornos conflictivos; Trastornos de ansiedad y depresión sin diagnóstico o sin atención temprana; Bullying escolar y dinámicas de exclusión; Exposición a retos, contenidos autolesivos y hostigamiento en redes sociales.

A nivel nacional, especialistas han alertado que el suicidio es ya una de las principales causas de muerte entre adolescentes, y Tamaulipas no es ajeno a esa tendencia. La persistencia de picos como los de 2020, 2021 y 2024 coincide con periodos marcados por crisis sociales, aislamiento, cambios escolares abruptos y deterioro de redes de apoyo, condiciones que afectan con particular severidad a los menores.

La evolución de los registros y el comportamiento de los datos recientes colocan el tema como una prioridad urgente: la salud mental infantil y adolescente continúa siendo una deuda estructural, y las cifras de 2025 sugieren que el fenómeno no solo no retrocede, sino que podría estar entrando en una fase de estabilización en niveles altos.

La atención de esta crisis requiere la intervención coordinada de varios actores. Los sistemas de salud pública, a través de psicólogos, psiquiatras y personal especializado, son clave para detectar tempranamente signos de riesgo y ofrecer atención accesible. En paralelo, las escuelas, a través de orientadores, docentes y programas de intervención socioemocional, pueden identificar comportamientos de alarma en menores y activar protocolos de apoyo.

Las familias juegan un papel crucial en la detección de cambios emocionales y en la creación de entornos protectores. Y en el ámbito institucional más amplio, corresponde a los gobiernos estatales y municipales fortalecer la infraestructura de salud mental, ampliar líneas de atención y campañas preventivas, y garantizar que los menores accedan a servicios psicológicos sin barreras económicas ni burocráticas.