Dos tamaulipecos cumplirán condena en cárceles federales de Estados Unidos, por reingreso ilegal a ese país, esto como parte de la Operación “Recuperemos América” que implementó el presidente estadounidense Donald Trump.

Con base a documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el fiscal federal Nicholas J. Ganjei, del Distrito Sur de Texas, anunció en abril de este año la sentencia de los tamaulipecos Alfredo Balderas y Marco Hernández.

Alfredo de 42 años originario de Aldama, Tamaulipas, fue enviado a una prisión federal luego de su condena por reingreso ilegal a los Estados Unidos. El juez federal de distrito Rolando Olvera, ordenó al tamaulipeco cumplir 4 años y dos meses de cárcel y al no ser ciudadano estadounidense, se espera que enfrente nuevamente un proceso de deportación tras su encarcelamiento.

La condena es por reingreso ilegal; fue expulsado por primera vez en 2016, y posteriormente en 2018 y 2023. Balderas admitió que había ingresado ilegalmente a Estados Unidos en marzo de 2024. Lo detuvieron en Brownsville, no tenía documentos de inmigración para estar legalmente presente o permanecer en Estados Unidos.

“Balderas ha estado y permanecerá bajo custodia en espera de su traslado a una instalación de la Oficina Federal de Prisiones que se determinará en un futuro cercano. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) – Operaciones de Deportación y Deportación llevó a cabo la investigación”.

Por otra parte está el caso de Marco, un joven de 21 años nacido en Nuevo Laredo Tamaulipas, fue detenido y se encuentra en espera de una sentencia por reingreso ilegal y por agredir a un agente Patrulla Fronteriza (CBP) luego de su detención.

El juez federal de distrito John A. Kazen dictará sentencia más adelante al tamaulipeco que podría enfrentar hasta 20 años de prisión federal y una posible multa máxima de 250 mil dólares.

“Una noche de enero de este año, las fuerzas del orden estadounidense arrestaron a Hernández luego de cruzar el Río Bravo, un agente del CBP lo trasladó a un hospital de Laredo, Texas para recibir atención medica, ya que el extranjero se quejaba de lesiones en sus rodillas”, señala el documento.

“El personal médico le dio el alta, aunque cojeaba. Mientras el agente intentaba ayudarlo a subir al vehículo, Hernández lo empujó con fuerza e intentó huir. Se produjo un forcejeo en el suelo y cada vez que el agente agarraba una prenda de Hernández, se la quitaba. El arrestado le propinó un codazo en la cara, lo que le hizo soltarse. En ese momento Hernández se puso de pie y huyó en ropa interior y zapatos. Las autoridades lo detuvieron poco tiempo después tras descubrirlo escondido en un estacionamiento de un gimnasio cercano”.

“La conducta del acusado, en resumen, fue bastante reveladora; atacó a un agente federal y escapó por los pelos”, dijo Ganjei, fiscal federal. “La pura verdad es que si agredes a un agente federal, irás a una prisión federal”.

El FBI llevó a cabo la investigación con la asistencia de CBP y las Operaciones Aéreas y Marítimas de Aduanas y Protección Fronteriza.

Ambos casos, forman parte de la Operación “Recuperemos América”, una iniciativa nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales, y proteger a las comunidades de los autores de delitos violentos, establece el documento.

La Operación “Recuperemos América” optimiza las iniciativas y los recursos de los Grupos de Trabajo contra el Crimen Organizado y el Control de Drogas del Departamento y el Proyecto Vecindario Seguro.

El fiscal estadounidense Nicholas J. Ganjei anunció que como resultado de este operativo, entre el 25 de abril primero de mayo, se han presentado un total de 256 asuntos de personas extranjeras destinados a asegurar la frontera sur de Texas que colinda con Tamaulipas.

“Como parte de los casos, 83 personas enfrentan acusaciones de reingreso ilegal al país. La mayoría tiene antecedentes penales por delitos graves relacionados con narcóticos, armas de fuego, delitos sexuales o violentos, delitos migratorios y otros. Un total de 160 personas enfrentan cargos por ingreso ilegal al país, mientras que 13 casos denuncian diversos casos de tráfico de personas, y el resto involucra otros delitos relacionados con la inmigración”.