Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, compareció ante la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán. La diligencia ministerial se ejecutó a tres semanas de la imputación formal emitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) por la presunta colaboración del aparato gubernamental sinaloense con la facción criminal de “Los Chapitos”.

Mediante un comunicado, Rocha Moya notificó su presentación ante el Ministerio Público Federal. El político justificó su asistencia bajo el argumento de la confianza en las instituciones mexicanas y el Estado de Derecho, alineando su defensa legal con la retórica de la soberanía nacional y el respaldo a la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo.

El contraste de la realidad: La fuga del gabinete El discurso institucional de Rocha Moya choca con la desarticulación de su estructura de gobierno. Mientras el mandatario con licencia declara su fe en la justicia mexicana, sus operadores de primer nivel optaron por evadir la jurisdicción nacional.

En un lapso de cinco días, Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, cruzaron la frontera para entregarse a las autoridades estadounidenses en Arizona y Nueva York. Ambos exfuncionarios negocian los cargos por narcotráfico, sobornos y coacción electoral ante cortes federales, exhibiendo la ineficacia de los aparatos de inteligencia y justicia en México para detectar y procesar la infiltración criminal en las altas esferas del estado.

Escepticismo social y la sombra de la impunidad La comparecencia en Culiacán se desarrolla bajo un clima de profunda desconfianza ciudadana. La población percibe el proceso local como un simulacro de rendición de cuentas diseñado para la contención de daños. El uso del discurso político para escudar acusaciones penales de carácter transnacional incrementa el hartazgo social ante un sistema que, en la práctica, garantiza protección a la clase gobernante.

Este escepticismo se agrava con el reporte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El titular de la dependencia, Roberto Velasco, confirmó que Washington mantiene retenido el expediente probatorio. La falta de acceso a la evidencia extranjera y el desarrollo de una investigación local controlada proyectan un escenario de blindaje político para Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza, también señalado en el encausamiento de Nueva York y cuyo paradero público es desconocido desde principios de mes.