En el Ayuntamiento de Victoria, la ley tiene fecha de caducidad, pero la recaudación no. Bajo la gestión de Eduardo Gattás Báez, el Municipio ha convertido la vía pública en una caja chica que opera fuera de la legalidad. Pese a que el decreto del Congreso del Estado y el contrato de concesión con Victoria Meters S.A. de C.V. fenecieron formalmente en febrero de 2024, el alcalde mantiene el cobro de parquímetros con la complicidad absoluta del cuerpo colegiado: dos síndicos y 21 regidores que, por omisión o indiferencia, han permitido este atropello al bolsillo ciudadano.

La responsabilidad de vigilar la legalidad de los actos administrativos recae directamente en el Cabildo. Sin embargo, los representantes de Morena, PT, PAN, MC y PRI han guardado omisión sistemático mientras la administración de Gattás Báez continúa aplicando multas e inmovilizaciones sin un título de concesión vigente.

Esta inacción colectiva de los integrantes del cuerpo de síndicos y regidores ha facultado al alcalde para prolongar un esquema de recaudación que, en papel, ya no debería existir. Al no exigir un nuevo proceso de licitación ni frenar la operación de una empresa cuyo permiso de 15 años ya expiró, el Cabildo se convierte en corresponsable de un cobro que carece de sustento jurídico.

La anatomía del silencio administrativo

La investigación técnica revela que el decreto de 2008 fue contundente: la explotación de los espacios públicos tenía un límite improrrogable de 15 años. Al cumplirse el plazo en febrero de 2024, el sistema debió ser municipalizado o licitado nuevamente. En su lugar, el gobierno de Eduardo Gattás optó por la inercia, permitiendo que la empresa siga reteniendo el 60 por ciento de los ingresos brutos.

El blindaje que el Municipio no quiso romper

El contrato original heredado de 2009 incluía una cláusula de “salida” costosa: si el municipio cancelaba de forma anticipada, debía pagar cinco años de ingresos proyectados. No obstante, al llegar al vencimiento natural del plazo en 2024, esa protección desapareció.

La administración de Gattás tuvo la oportunidad legal de recuperar el control total de los parquímetros, y con ello el cien por ciento de los ingresos, sin costo alguno para el erario. En lugar de eso, la complacencia del alcalde y sus regidores permitió que el particular siga usufructuando la vía pública, manteniendo el rezago técnico de un sistema que solo acepta monedas y que no ha cumplido con la modernización pactada hace más de década y media.

Al ser cuestionada sobre el tema, la primera síndica del Ayuntamiento, Lili García Fuentes, reconoció que el Cabildo de Victoria no ha aprobado ninguna prórroga ni extensión del contrato de parquímetros. Aun así, el cobro continúa. Sin embargo, aún así permiten que el alcalde continúe esta práctica; además que cualquier ampliación de la concesión tendría que ser autorizada por el Congreso de Tamaulipas, lo que hasta ahora no ha ocurrido, dejando en evidencia que el esquema opera sin un respaldo legal vigente.

Por su parte, el presidente del Congreso de Tamaulipas, el diputado Humberto Prieto Herrera, señaló que el Poder Legislativo no ha recibido ninguna solicitud relacionada con una posible extensión del contrato de parquímetros en la capital del estado.

Recaudación por encima de la Ley

La vigencia de las leyes no es opcional, pero en Ciudad Victoria se aplica de forma discrecional. Mientras el Ayuntamiento exige el cumplimiento de reglamentos de tránsito y comercio, ignora el vencimiento de su propio permiso legislativo para cobrar por estacionarse.

Sin un nuevo contrato publicado y sancionado por el Cabildo, cada infracción aplicada por los trabajadores de Victoria Meters constituye un acto de autoridad sin fundamento. El silencio de los regidores de todas las fuerzas políticas no solo valida la opacidad de Gattás Báez, sino que deja al ciudadano en total estado de indefensión ante una autoridad que recauda por costumbre y no por derecho.