Entre 2023 y 2025, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) documentó 254 infracciones contra entidades públicas y privadas por daños directos a la flora, fauna y ecosistemas de Tamaulipas. La propia documentación oficial desenmascara a las autoridades como fuentes de contaminación: 20 multas a instituciones públicas, que incluyen a la Secretaría de Salud de Tamaulipas, los ayuntamientos de Aldama y Tampico, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), operan bajo esquemas de flagrante infracción ambiental.

Hospitales y manejo ilegal de residuos

La Secretaría de Salud estatal concentra un historial de reincidencia en el manejo de desechos y fallas administrativas. El registro de la autoridad federal documenta violaciones a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que incluyen la disposición ilegal de residuos, el manejo inadecuado de materiales peligrosos y la omisión en la remediación de sitios contaminados.

Estas anomalías operativas se localizan en la red de instalaciones de los municipios de Abasolo, Ciudad Victoria, Tampico, Ciudad Madero, Altamira y Reynosa.

Ayuntamientos y dependencias federales infractoras

A nivel municipal, el Ayuntamiento de Aldama acumula cuatro expedientes sancionatorios: dos por el uso indebido de bienes federales (Ley General de Bienes Nacionales) y dos más por conductas de contaminación y afectación a recursos naturales (Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente). Bajo esta misma legislación federal, el gobierno municipal de Tampico suma tres sanciones en el periodo evaluado.

Las infracciones alcanzan también la esfera federal. La Profepa sancionó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por sus operaciones en la central termoeléctrica de Altamira, y de manera paradójica, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). Ambas dependencias fueron penalizadas por violaciones a la Ley General de Vida Silvestre, vinculadas a la alteración de hábitats y al manejo de especies.

El saldo de la fiscalización

Los datos oficiales obtenidos vía transparencia desglosan que las sanciones recayeron sobre 131 personas físicas y 103 personas morales. El saldo operativo se resume en 219 multas impuestas, 30 amonestaciones y cinco decomisos.

A la par de los entes gubernamentales, el listado de infractores está compuesto por empresas de los sectores petroquímico, minero, portuario, automotriz, de construcción y restaurantero. La acumulación de 254 expedientes y la repetición constante de conductas infractoras en un lapso de tres años evidencian un patrón de operación que evade la normativa ambiental vigente en el estado.