Ante las denuncias penales por presuntos actos de corrupción en la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas —actualmente bajo la lupa de las autoridades competentes—, la dependencia optó por la opacidad total, blindando y ocultando durante cinco años todos los contratos y adquisiciones sobre el manejo de sus corporaciones policiales.

La Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por Carlos Arturo Pancardo Escudero, mantiene bajo reserva información que permitiría conocer cómo se ejercen recursos públicos destinados a la seguridad. La medida alcanza contratos de servicios y adquisiciones.

Desde febrero de 2022 fueron solicitados mediante la Plataforma Nacional de Transparencia documentos relacionados con las adquisiciones y contrataciones de la Secretaría de Seguridad Pública. El folio 780517026000021 corresponde a diésel, gasolina y cualquier otro combustible; el 780517026000020, a uniformes y ropa táctica; el 780517026000019, a cascos; el 780517026000024, a chalecos antibalas; el 780517026000023, a unidades destinadas a patrullas, y el 780517026000022, a las unidades conocidas como “Black Mamba”. En todos los casos se solicitó acceder a los documentos en versión pública.

La respuesta de la dependencia fue clasificar la información como reservada por cinco años, del 11 de febrero de 2026 al 11 de febrero de 2031, bajo el argumento de que su difusión podría comprometer aspectos relacionados con la seguridad pública.

Sin embargo, la propia legislación de transparencia establece que la reserva debe estar fundada y motivada mediante una prueba de daño. La Ley de Transparencia de Tamaulipas contempla como causales, entre otras, que la publicación comprometa la seguridad pública, ponga en riesgo la vida o seguridad de una persona, obstruya la prevención o persecución de delitos o afecte investigaciones en curso.

El punto central es que las solicitudes no plantearon revelar operativos, estrategias policiales, ubicaciones, datos personales o información que permitiera anticipar despliegues de seguridad. Se solicitó la versión pública de contratos, precisamente para que los datos que pudieran estar protegidos fueran testados y permaneciera disponible la información sobre el ejercicio de recursos públicos.

La opacidad de la dependencia exhibe, además, errores legales básicos. En su fallo, el Comité de Transparencia justificó el ocultamiento de los contratos citando el artículo 100 de la Ley de Transparencia estatal. Sin embargo, ese apartado regula quejas ciudadanas, no la clasificación de información. Las verdaderas causales de reserva se encuentran en el artículo 117. Al fundamentar su negativa en un artículo equivocado, la Secretaría dejó sin sustento jurídico la decisión de esconder el gasto.

La reserva alcanza información necesaria para conocer cuánto se paga por combustible, equipo, uniformes y vehículos destinados a la seguridad pública, así como quién recibe esos recursos, datos que permiten revisar proveedores, montos, conceptos y condiciones de las adquisiciones sin exponer información operativa. Durante cinco años, el acceso ciudadano a estos contratos quedará restringido en una dependencia cuyo manejo administrativo y presuntos actos de corrupción ya se encuentran bajo escrutinio de las autoridades.

La legislación de transparencia no establece que todo documento relacionado con una corporación policial pueda mantenerse automáticamente oculto por el solo hecho de pertenecer al área de seguridad. La reserva debe corresponder a una causal concreta, estar debidamente motivada y superar la prueba de daño prevista por la propia ley.