El informe del Inegi revela falta de sanciones y ausencia de personal especializado en la entidad.

Durante 2024, Tamaulipas contabilizó 755 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, de acuerdo con el Censo Nacional de Derechos Humanos 2025 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sin embargo, apenas se emitieron 19 recomendaciones, lo que evidencia un bajo nivel de respuesta institucional frente a la magnitud de los casos.

El reporte señala que las principales denuncias se relacionan con omisiones en la atención médica y violaciones al principio de legalidad en el desempeño de la función pública. Pese a ello, únicamente un servidor público de la Fiscalía estatal fue sancionado, mediante suspensión de empleo, cargo o comisión.

La revisión también expone la carencia de peritos especializados en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (Codhet), lo que limita la capacidad de análisis técnico y la emisión de informes detallados. Actualmente, la estructura cuenta con 97 servidores públicos, de los cuales 47 son administrativos, 23 directivos y 27 visitadores.

En cuanto al número de víctimas, el informe detalla que 820 personas resultaron agraviadas, de las cuales 412 fueron hombres y 408 mujeres. Aunque la cifra es significativa, Tamaulipas se ubicó en el lugar 19 a nivel nacional, muy por debajo de entidades como Nuevo León, que encabezó la lista con más de 11 mil quejas.

Además de las recomendaciones, en la entidad se emitieron 199 conciliaciones y 140 medidas precautorias o cautelares, acciones que buscan atender de manera inmediata los casos más urgentes. No obstante, especialistas advierten que la baja proporción de sanciones refleja un problema estructural en la atención y resolución de violaciones a derechos humanos.

El presupuesto ejercido por las instancias locales y federales en Tamaulipas fue de 38.1 millones de pesos, lo que colocó al estado en el lugar 11 en gasto destinado a este rubro.

Organizaciones civiles han insistido en la necesidad de fortalecer la capacidad institucional y garantizar que las quejas se traduzcan en sanciones efectivas, para evitar que la impunidad siga siendo la constante en la entidad.