La 4T tardó ocho años en ejecutar una orden de aprehensión contra Octavio Leal Moncada, “El Tarzán”. El líder de la columna armada “Pedro J. Méndez” fue detenido el pasado 28 de junio de 2026 en Santiago, Nuevo León, en un operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, el hermetismo oficial ocultó el trasfondo de una cacería que inició casi una década atrás.

Aunque la detención reciente se justificó bajo la causa penal 640/2022 por delincuencia organizada para cometer secuestro y tráfico de migrantes, la justicia federal ya lo buscaba por delitos completamente distintos. El 10 de febrero de 2018, el Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad Victoria libró la primera orden de captura (Carpeta Administrativa 12/2018) acusándolo de delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Ese primer mandato judicial apuntó contra toda la cúpula operativa. Junto a Leal Moncada, la autoridad ordenó la captura de Cesáreo Leal Perales “El Charro”, Eloy Flores Martínez, Daniel García Reyes “El Alacrán” y Juan Carlos Rivera Velázquez “El Cabezón”. Para evitar la cárcel, el grupo desplegó una intensa estrategia de defensa en tribunales.

Leal Moncada logró evadir la acción de la justicia durante todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, frenando su captura mediante amparos tramitados a cientos de kilómetros de Tamaulipas, en los juzgados de Hermosillo, Sonora, en donde un juez liberó la orden de aprensión.

Ese blindaje legal se derrumbó hace dos años. Tras la negativa del Amparo Indirecto 560/2023 y el revés definitivo en el Amparo en Revisión Penal 53/2024, la orden de captura quedó libre de obstáculos desde 2024. A pesar de tener vía libre, a la administración de Claudia Sheinbaum le tomó dos años concretar una detención que ya no tenía impedimentos jurídicos. En total, ocho años de inacción federal.

En esta red, “El Tarzán” no es el único con cuentas pendientes. Juan José Contreras Castillo, exalcalde de Hidalgo, también enfrenta una orden de aprehensión y perdió sus recursos de amparo en los mismos juzgados sonorenses. Hoy, desde la libertad que aún conserva, Contreras Castillo es una de las principales voces que exige públicamente la liberación de Leal Moncada.

En esta orden de aprehensión aún faltarían al menos dos personas, pues el artículo 2, fracción VII, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada establece que esta figura jurídica sólo se configura cuando tres o más personas acuerdan organizarse, o se organizan de hecho, de manera permanente o reiterada, para cometer el delito de secuestro.

A sus 83 años, la defensa legal buscará que el líder de la columna armada enfrente su proceso en prisión domiciliaria. No obstante, la suma de las acusaciones de 2018 por armamento militar y las de 2022 por secuestro complican el escenario de arraigo, dejando abierta la posibilidad de una eventual solicitud de extradición si un tercer país lo requiere. Como marca la ley, todos los involucrados mantienen la presunción de inocencia hasta que un juez dicte sentencia.