Por primera vez en 25 años, el órgano fiscalizador revisó al mismo tiempo a los 43 ayuntamientos del estado. Como resultado, más de la mitad de las administraciones ejercieron dinero federal sin presentar la documentación que acredite su destino legal.

Por primera vez en un cuarto de siglo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desplegó una revisión total y simultánea sobre los 43 municipios de Tamaulipas. El saldo de esta fiscalización a la cuenta pública 2024 revela una irregularidad de gran calado: 24 ayuntamientos arrastran un monto de 387 millones 407 mil 519 pesos en recursos federales que, hasta el momento, no han podido comprobar.

Tras concluir la revisión, la ASF emitió pliegos de observaciones que documentan que este dinero fue transferido a las arcas municipales y ejercido presupuestalmente, pero carece del respaldo documental exigido para demostrar que se utilizó conforme a la ley.

Dinero etiquetado, no de libre disposición

Los fondos señalados no son recursos que los alcaldes puedan gastar a discreción. Pertenecen al Ramo 33, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).

La ley es estricta; estos fondos están etiquetados de origen para cubrir necesidades prioritarias como infraestructura básica, seguridad pública, fortalecimiento institucional y desarrollo social. Ejercerlos sin los comprobantes que acrediten su destino legal coloca a las administraciones responsables bajo observación directa por presuntas irregularidades graves en el manejo del erario federal.

La lista de los 24 ayuntamientos observados

El pliego de observaciones de la ASF exhibe contrastes marcados entre los municipios, con montos que van desde casi 70 millones de pesos hasta sumas menores a los cien mil pesos.

Los de mayor monto (Más de 30 millones de pesos):

Soto la Marina: $67,407,635

Abasolo: $54,336,301

Jaumave: $50,071,239

Padilla: $38,751,758

Tampico: $37,039,702

San Nicolás: $33,799,095

Faltantes de entre 10 y 30 millones de pesos:

Tula: $28,276,209

González: $18,256,569

San Fernando: $13,504,523

Valle Hermoso: $12,282,943

Matamoros: $10,133,672

Faltantes menores a 10 millones de pesos:

El Mante: $7,769,404

Ciudad Madero: $4,157,856

Ciudad Victoria: $3,192,540

Aldama: $1,744,230

Nuevo Morelos: $1,284,579

Río Bravo: $1,123,349

Güémez: $941,633

Méndez: $932,208

Villagrán: $798,336

Jiménez: $647,082

Burgos: $571,256

Mainero: $307,400

Cruillas: $78,000

El fin de las auditorías a medias

El volumen de observaciones de este año tiene una explicación de fondo: la amplitud de la red fiscalizadora. Históricamente, la ASF realizaba un muestreo de los municipios de Tamaulipas. Las cifras de los ejercicios previos lo confirman:

Cuenta 2023: 15 ayuntamientos auditados.

Cuenta 2022: 13 ayuntamientos auditados.

Cuenta 2021: 11 ayuntamientos auditados.

Cuenta 2020: Sólo 4 ayuntamientos auditados.

La auditoría de 2024 marca el primer ejercicio integral de revisión municipal en la historia reciente del estado.

El fantasma del peculado: un delito que no prescribe rápido

Si las observaciones de la ASF no son solventadas mediante la entrega de la documentación probatoria, los procedimientos administrativos pueden escalar al ámbito penal. De acuerdo con el Código Penal Federal, el desvío, uso indebido o la simple falta de comprobación de recursos públicos federales constituye el delito de peculado.

La justicia mexicana tiene precedentes claros sobre las consecuencias a largo plazo de este ilícito. Un ejemplo documentado es el del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien fue vinculado a proceso por peculado al no poder comprobar el destino de 5 millones de pesos provenientes de recursos federales.

Aunque los hechos ocurrieron años atrás, la autoridad judicial procedió en su contra 15 años después. Este caso sienta una jurisprudencia de facto: la falta de comprobación de recursos federales no prescribe en el corto plazo, manteniendo abierta la puerta a responsabilidades patrimoniales y penas de prisión para los funcionarios implicados mucho después de haber dejado el cargo.