La Auditoría Superior del Estado (ASE) arrastra 71 denuncias penales por presunto daño al erario sin resolver ante la Fiscalía Anticorrupción. Entre los casos con mayor impacto económico destacan las observaciones por más de 50 millones de pesos al Ayuntamiento de Río Bravo durante la gestión de Héctor Villegas González, hoy secretario general de Gobierno de Tamaulipas. A ello se suma la opacidad de la ASE, que mantiene sin publicar los informes individuales de cuentas públicas.

De acuerdo con el Informe Semestral 2026 emitido por el ente auditor, durante el último periodo se incorporaron cinco nuevas querellas penales. En la relación de entes públicos con probable daño patrimonial se enlista al Ayuntamiento de Méndez, con 7 millones 589 mil pesos observados, así como a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) de Camargo, con un monto de 4 millones 656 mil pesos.

Al registro jurídico se integran el Ayuntamiento de Casas, por un presunto quebranto de 1 millón 864 mil pesos; el Fondo de Garantía y Fomento a la Microindustria (FOMICRO), con 312 mil pesos; y el organismo operador de agua de San Fernando, expediente del cual el informe oficial omite precisar la cuantificación del daño señalado.

Estos nuevos requerimientos se acumulan a carpetas de investigación radicadas desde 2018. La estadística documental evidencia que el 88 por ciento de los procedimientos vigentes continúa en la etapa de investigación inicial por parte del Ministerio Público. De las 71 denuncias interpuestas, la autoridad competente únicamente ha concretado la judicialización o emitido determinaciones de no ejercicio de la acción penal en nueve casos.

El desglose financiero de los expedientes de mayor cuantía expone una denuncia presentada en 2024 en contra del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE), por un presunto daño al erario de 288 millones 705 mil 650 pesos.

En la misma categoría de impacto económico se ubica el municipio de Güémez, con observaciones superiores a los 61 millones de pesos; el Ayuntamiento de San Carlos, con 40 millones 869 mil pesos; y los dos expedientes abiertos contra el Ayuntamiento de Río Bravo por 35 millones 271 mil pesos y 15 millones 608 mil pesos.

En lo referente al periodo 2025, la fiscalización derivó en la integración de tres expedientes penales correspondientes a la Comapa de Jiménez por 861 mil pesos, el Ayuntamiento de Camargo por 198 mil pesos, y la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros por 345 mil pesos.

El estatus de reserva técnica persiste pese a que los informes individuales fueron entregados al Congreso de Tamaulipas desde el mes de febrero, limitando el acceso a la información únicamente a la síntesis contenida en el reporte semestral.