Familiares de los 65 mineros atrapados conmemoran dos décadas de impunidad; denuncian que las negligencias de Grupo México quedaron en el olvido mientras el rescate de los restos avanza a cuentagotas.

El reloj de la impunidad marca hoy exactamente dos décadas. Este jueves 19 de febrero de 2026, la herida abierta en la región carbonífera de Coahuila vuelve a sangrar al cumplirse 20 años de la explosión en la mina 8 de Pasta de Conchos, un desastre que sepultó a 65 trabajadores y que las familias de las víctimas, así como organizaciones de derechos humanos, continúan catalogando no como un accidente, sino como un crimen industrial solapado por el Estado y perpetrado por Grupo México.

En el marco de este doloroso aniversario, viudas, hijos y sobrevivientes se congregaron nuevamente a las afueras de la mina para realizar una misa y exigir memoria. Durante dos décadas, su reclamo central ha permanecido inamovible: el rescate total de los cuerpos, la reparación digna del daño y, sobre todo, el castigo penal para los directivos de la empresa responsable y los funcionarios que, semanas antes del siniestro, avalaron las deplorables condiciones de seguridad en los túneles subterráneos.

A pesar de las promesas gubernamentales que han transitado por cuatro sexenios distintos, la justicia plena es una deuda vigente. Los esfuerzos de rescate reanudados en los últimos años por el gobierno federal han representado un alivio a medias para un puñado de familias tras el hallazgo de los primeros restos óseos, pero el proceso ha sido calificado como excesivamente lento, doloroso y plagado de opacidad técnica. Para la mayoría de los deudos, la espera en las carpas del campamento minero parece una condena perpetua.

Defensores laborales que acompañan el caso señalan que Pasta de Conchos se convirtió en el emblema del abandono institucional en México. Advierten que las lecciones no fueron aprendidas, pues la extracción de carbón en la región sigue cobrando vidas en pozos clandestinos y minas de arrastre que operan con las mismas deficiencias de ventilación y equipamiento que provocaron la acumulación letal de gas metano aquel domingo de 2006.

Mientras los deudos colocan ofrendas florales y cruces con los nombres de los mineros en las rejas del complejo, el mensaje hacia las autoridades y hacia el consorcio minero es claro. Veinte años no han sido suficientes para enterrar la verdad, y la exigencia de que se finquen responsabilidades penales seguirá resonando en Coahuila hasta que el último de los trabajadores atrapados regrese a la superficie y se haga justicia por lo que consideran un homicidio corporativo