A pesar de contar con un historial de irregularidades y observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, los operadores empresariales Edgar Juárez Alfaro y Felipe Juan Salinas Manzur lideran una intrincada red de compañías “vendetodo” que continúa acaparando contratos millonarios en Tamaulipas. Mediante el uso de múltiples razones sociales para participar en los mismos procesos de licitación, ambos personajes orquestan un esquema de colusión y simulación de competencia que burla la Ley de Adquisiciones del Estado.

La red de proveedores señalada por contrataciones presuntamente irregulares durante la administración municipal de Xicoténcatl González Uresti no fue inhabilitada; en su lugar, reestructuró su esquema corporativo. A pesar de contar con pliegos de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) derivados de la Cuenta Pública 2023, los mismos operadores continúan acaparando contratos millonarios en el actual gobierno estatal. Al utilizar múltiples razones sociales vinculadas familiar y comercialmente para participar en los mismos procesos, este bloque empresarial incurre en actos de colusión y simulación de competencia, vulnerando las prohibiciones expresas de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y la Ley de Responsabilidades Administrativas.

En el centro de este esquema resalta Neroste Distribuciones y Servicios, S.A. de C.V., una compañía estrechamente vinculada a la familia Juárez Alfaro. Constituida apenas a inicios de 2023, Neroste ha logrado acumular, en menos de dos años, más de 55 millones de pesos en contratos públicos. Su presencia se ha extendido rápidamente a áreas estratégicas replicando un patrón de acaparamiento. Entre las dependencias contratantes destacan el IMSS, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), el DIF estatal, el Instituto del Deporte, la Secretaría de Administración, el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, Seguridad Pública y el DIF Matamoros.

Neroste se ha especializado en la adjudicación de contratos públicos relacionados con equipo de cómputo, servicios integrales para eventos, así como el suministro de alimentos y víveres destinados a guarderías y unidades médicas, entre otros rubros. Cabe señalar que la empresa registra tres domicilios fiscales en el padrón de proveedores ubicados en Altamira, Tampico y Ciudad Victoria; sin embargo, el correspondiente a la capital del estado resultó ilocalizable.

La información pública sobre la estructura de la empresa confirma la continuidad del grupo corporativo. El 50 por ciento de las acciones de Neroste está a nombre de Alma Rocío Alfaro Rivera, madre de Edgar Juárez Alfaro. Este último figura legalmente como propietario de Comercializadora HJA, S.A. de C.V. y Came Soluciones Hidráulicas, S.A. de C.V., ambas clasificadas como “medianas empresas” en el padrón de proveedores y boletinadas por la ASF en su revisión de 2023.

A esta intrincada red se suma Felipe Juan Salinas Manzur, a través de firmas como Procesadora de Alimentos Gosaca, S.A. de C.V. —la cual ha llegado a compartir domicilio fiscal con Comercializadora HJA y Came Soluciones— y Quimera Actividades y Servicios, S.A. de C.V.. La documentación evidencia que, en conjunto, estas compañías no solo concentran múltiples contrataciones públicas, sino que participan de manera simultánea en los mismos procesos de adjudicación, configurando un esquema diseñado para anular la libre competencia.

De acuerdo a especialistas consultados, la recurrencia de estas prácticas pone en evidencia la vulnerabilidad de los padrones de proveedores y la urgencia de fortalecer las auditorías internas. Mientras los procesos de revisión permitan que un mismo grupo participe con diferentes razones sociales, la Ley de Adquisiciones seguirá siendo vulnerada, sin que existan garantías para evitar que los recursos públicos y los contratos de asistencia social terminen concentrándose en las mismas manos.