Donald Trump firmó el 29 de enero de 2026 una orden ejecutiva que autoriza a Estados Unidos a imponer aranceles adicionales a los países que vendan petróleo a Cuba, declarando la situación como una “emergencia nacional” y calificando al gobierno de la isla como una amenaza para la seguridad nacional.

El decreto establece que se podrán aplicar gravámenes “ad valorem” a las importaciones de bienes provenientes de cualquier nación que, directa o indirectamente, suministre crudo a Cuba. La Casa Blanca argumenta que el régimen de Miguel Díaz-Canel mantiene políticas hostiles contra Washington, alberga instalaciones de inteligencia rusas dedicadas al robo de información sensible y ofrece refugio a grupos como Hezbolá y Hamás, lo que, según el gobierno estadounidense, socava la estabilidad regional y las sanciones impuestas en el hemisferio occidental.

La medida otorga al Secretario de Estado y al Secretario de Comercio la facultad de implementar el sistema arancelario y emitir reglas para su aplicación. Aunque el decreto puede ser modificado si Cuba u otros países afectados toman medidas que se alineen con los objetivos de seguridad nacional de Estados Unidos, la intención es aumentar la presión económica sobre La Habana.

El impacto regional es significativo. México, que en 2025 se convirtió en el principal proveedor de petróleo a Cuba tras superar a Venezuela, aparece directamente en la mira de Washington. Aunque el gobierno mexicano detuvo los envíos a inicios de 2026, la orden ejecutiva de Trump refuerza la amenaza de sanciones contra cualquier país que retome o mantenga el suministro de crudo a la isla.

La decisión se enmarca en la estrategia de Trump de intensificar el bloqueo económico contra Cuba, al que acusa de alinearse con países hostiles y de promover acciones que “perjudican y amenazan” a Estados Unidos. Con esta nueva política, Washington busca aislar aún más al régimen cubano, castigando también a sus socios comerciales y enviando un mensaje claro a gobiernos como el de México y Venezuela.

En conclusión, la orden ejecutiva no solo endurece el embargo histórico contra Cuba, sino que abre un frente de presión hacia países latinoamericanos que han mantenido vínculos energéticos con la isla. La medida, sustentada en una declaratoria de emergencia nacional, refuerza la narrativa de la Casa Blanca sobre la “influencia maligna” del régimen cubano y podría tener repercusiones directas en las relaciones comerciales y diplomáticas de la región.