La crisis política en el estado de Sinaloa ha escalado al plano nacional tras la exigencia formal de los partidos de oposición para que el gobernador Rubén Rocha Moya se separe de su cargo.

En una serie de pronunciamientos coordinados desde el Congreso de la Unión, legisladores del bloque opositor señalaron que la administración estatal ha perdido el control de la seguridad pública y carece de la legitimidad necesaria para enfrentar la ola de violencia que ha paralizado a la entidad en las últimas semanas.

El reclamo surge a raíz de los recientes cuestionamientos sobre la presunta omisión de las autoridades estatales ante el fortalecimiento de grupos delictivos en la región. Los líderes de las bancadas de oposición argumentan que existen elementos suficientes para investigar la actuación del mandatario estatal, subrayando que la falta de resultados en materia de pacificación no solo afecta la vida cotidiana de los sinaloenses, sino que pone en riesgo la gobernabilidad y el Estado de derecho en una zona estratégica para el país.

Por su parte, el partido Morena ha salido en defensa del gobernador, calificando las peticiones de renuncia como una estrategia de “oportunismo político” que busca desestabilizar a un gobierno legítimamente electo. Voceros del oficialismo sostienen que los señalamientos carecen de pruebas contundentes y forman parte de una campaña de desprestigio de cara a los próximos procesos electorales. Aseguran que la estrategia de seguridad federal está trabajando en estrecha coordinación con el gobierno estatal para devolver la tranquilidad a las calles.

El debate ha generado una profunda división en la opinión pública, mientras diversos sectores de la sociedad civil y cámaras empresariales en Sinaloa manifiestan su preocupación por el vacío de poder y la parálisis económica derivada de la inseguridad. La exigencia de la oposición no solo incluye la renuncia de Rocha Moya, sino también un llamado a que la Fiscalía General de la República atraiga las investigaciones relacionadas con las irregularidades administrativas y los nexos que han sido objeto de especulación en medios de comunicación.

La resolución de este conflicto político queda ahora en manos de las instancias legislativas y judiciales, mientras la presión social continúa aumentando. De no lograrse una ruta de diálogo o una respuesta contundente por parte del Ejecutivo estatal, la crisis en Sinaloa podría derivar en una solicitud formal de desaparición de poderes, un recurso constitucional extremo que la oposición ya ha comenzado a poner sobre la mesa de discusión nacional.