Washington.— En un nuevo esfuerzo por endurecer sus políticas migratorias, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves dos órdenes ejecutivas enfocadas en limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento y detener el llamado “turismo de parto”. Esta acción se produce apenas semanas después de que la Suprema Corte estadounidense invalidara un decreto previo de su administración que buscaba eliminar por completo este derecho constitucional.

Durante el acto de firma en la Oficina Oval, el mandatario republicano calificó el reciente fallo del máximo tribunal como una decisión “muy desafortunada” y argumentó que estos nuevos decretos representan “ajustes” necesarios para evitar abusos al sistema de inmigración.

Nuevas restricciones y el “turismo de maternidad”

La primera orden ejecutiva está dirigida contra el turismo de maternidad comercial, una práctica en la que mujeres extranjeras viajan a territorio estadounidense con el propósito específico de dar a luz y asegurar la ciudadanía automática para sus hijos. Según Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, el decreto instruye a las autoridades a negar la entrada y combatir a los operadores de estas redes, argumentando que quienes utilizan este sistema buscan acceder ilegítimamente a beneficios sociales y, eventualmente, al derecho al voto.

La segunda orden busca expandir las categorías de personas cuyos hijos serían inelegibles para recibir la ciudadanía por nacimiento. El nuevo documento incluye a hijos de extranjeros que realizan cabildeo para gobiernos foráneos, miembros de organizaciones terroristas, así como a aquellos nacidos en ciertos territorios estadounidenses donde la ciudadanía no es conferida por estatuto federal.

Choque constitucional y legal en puerta

El intento del Ejecutivo de redefinir los alcances de la Decimocuarta Enmienda —la cual garantiza la ciudadanía a la gran mayoría de las personas nacidas en suelo estadounidense— ha desatado fuertes críticas. Organizaciones de derechos civiles como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) condenaron inmediatamente los decretos, advirtiendo que ninguna orden ejecutiva tiene la facultad de reescribir la Constitución.

Representantes legales y defensores de los derechos de los migrantes anticipan que ambas directivas enfrentarán demandas inmediatas en los tribunales federales, augurando una nueva y prolongada batalla judicial entre la administración Trump y el sistema de justicia estadounidense.