Un tribunal federal en Estados Unidos bloqueó el uso de una ley del siglo XVIII que el expresidente Donald Trump había invocado para acelerar deportaciones en varios estados del sur. El fallo, emitido por el Quinto Circuito de Apelaciones, señala que la Ley de Enemigos Extranjeros no puede aplicarse en Texas, Louisiana y Mississippi como lo intentó el gobierno.

La decisión, tomada por mayoría de dos jueces contra uno, cuestiona el argumento de Trump de que presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua representaban una “incursión depredadora” desde Venezuela. Según el tribunal, no hay pruebas suficientes para justificar el uso de una norma pensada para situaciones de guerra o invasión extranjera.

La jueza Leslie Southwick, quien redactó la opinión mayoritaria, afirmó que los migrantes afectados podrían demostrar que la ley fue invocada de forma indebida. Esta postura fue respaldada por la jueza Irma Carrillo Ramírez, mientras que el juez Andrew Oldham expresó una opinión parcialmente distinta.

El caso, originado en el norte de Texas, ya había sido revisado por la Corte Suprema, que permitió temporalmente el uso de la ley pero exigió que los migrantes recibieran notificación previa y oportunidad de defensa. El tribunal de apelaciones consideró que el aviso de siete días ofrecido por el gobierno cumple con esa exigencia, aunque Ramírez sostuvo que ese plazo es insuficiente, especialmente para personas sin representación legal.

Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), celebró el fallo y lo calificó como una defensa del estado de derecho frente a intentos de militarizar la política migratoria.

Este es el primer análisis profundo de un tribunal de apelaciones sobre el uso de esta ley en el contexto migratorio. El fallo también refuta la idea de que Estados Unidos enfrenta una invasión, argumento que Trump utilizó para justificar su proclamación presidencial. Según el tribunal, no hay condiciones que permitan aplicar una norma diseñada para conflictos armados entre naciones.

El caso podría escalar nuevamente a la Corte Suprema, donde se decidirá si el uso de esta ley en materia migratoria tiene fundamento legal.