En Tamaulipas, los drones ya no son solo herramientas de vigilancia o entretenimiento. Grupos del crimen organizado los han transformado en armas caseras, capaces de lanzar explosivos sobre sus rivales. Esta nueva forma de combate ha intensificado los enfrentamientos en zonas como Reynosa, Matamoros y Río Bravo.

Durante un solo fin de semana, las autoridades decomisaron 22 drones, junto con detectores, inhibidores de vuelo y más de 150 objetos explosivos. Uno de los detenidos transportaba estos equipos en un vehículo robado, y presuntamente se encargaba de cargar los drones con explosivos.

Los drones no solo se usan para ataques: también sirven para vigilar a enemigos, grabar enfrentamientos y monitorear a las fuerzas de seguridad. Algunos modelos incluyen visión nocturna y cámaras de alta fidelidad, con precios que van desde los 9 mil hasta más de 25 mil pesos.

Ante esta amenaza, el Congreso de Tamaulipas reformó el Código Penal estatal. Ahora, quienes usen drones con fines delictivos enfrentan penas de hasta 15 años de prisión. Como explicó el presidente de la Junta de Gobierno: “Esta medida surge ante el creciente uso de tecnología avanzada por parte de organizaciones criminales para el monitoreo de la policía y la manipulación de situaciones de seguridad”.

Mientras tanto, México y Estados Unidos han reforzado la vigilancia fronteriza. La Patrulla Fronteriza estadounidense confirmó que trabaja en conjunto con autoridades mexicanas para rastrear y neutralizar el uso ilegal de drones en la región.

Este fenómeno plantea una reflexión urgente para las nuevas generaciones: ¿cómo se regula el  uso de tecnología cuando puede convertirse en una amenaza? Y más aún, ¿cómo se protege la seguridad sin limitar el desarrollo tecnológico?