Por Marcela Guzmán

La tasa estatal de nacimientos en este grupo fue menor al promedio nacional, pero el problema persiste.

Hospitales, clínicas y prestadores de servicios de salud públicos y privados en Tamaulipas deberán reportar de inmediato y de manera confidencial los embarazos que detecten en niñas y adolescentes. La obligación busca activar mecanismos de protección y dar intervención a las autoridades de justicia.

La reforma a la Ley de Salud estatal establece que el personal de salud debe avisar al Ministerio Público y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Tamaulipas. La modificación incorporó el artículo 35 Ter y refuerza, en la legislación local, la atención de estos casos junto con los protocolos nacionales existentes.

La medida cobra relevancia ante las cifras de nacimientos. Datos de la Secretaría de Salud estatal reportan que durante 2025 hubo 126 nacimientos de madres de entre 10 y 14 años. En el mismo año se contabilizaron mil 938 nacimientos de madres menores de 18 años.

El indicador de fecundidad forzada de niñas de 10 a 14 años elaborado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) ubicó a Tamaulipas en 1.07 nacimientos por cada mil niñas de ese grupo de edad en 2025, por debajo de la razón nacional de 1.46. La tasa menor al promedio no elimina la dimensión del problema: cada nacimiento en estas edades demanda atención y protección.

CONAPO vincula la mayoría de estos casos con violencia sexual
A nivel nacional, el CONAPO estima que en 2025 ocurrieron 7 mil 887 nacimientos en niñas de 10 a 14 años, alrededor de 22 al día. Aunque la cifra disminuyó 24.9 por ciento respecto a 2018, el organismo advierte que la fecundidad en estas edades es, en la mayoría de los casos, consecuencia de violencia sexual.

El embarazo infantil no debe tratarse como una maternidad temprana ordinaria: requiere valorar posibles delitos, proteger a la niña y garantizar atención médica, psicológica y social sin revictimizarla.

La reforma estatal prevé responsabilidades para quienes incumplan la obligación de dar aviso. La aplicación de cualquier consecuencia dependerá de las disposiciones legales y de la investigación correspondiente; la información difundida sobre el decreto no detalla una sanción automática específica.

El reto será que la notificación no se quede en un trámite: debe activar protección efectiva, investigación oportuna y acompañamiento para cada menor desde su primer contacto con los servicios de salud.