Aunque Protección Civil del gobierno Tamaulipas asegura que el Atlas de Riesgo se encuentra en proceso de actualización, en su portal oficial no hay avances de datos actuales. Esta opacidad no solo dificulta la planeación preventiva en caso de desastre, organismos estatales y federales que deberían brindar apoyo inmediato tendrían problemas para localizar la información, obligando a depender de gestiones burocráticas en lugar de plataformas públicas y actualizadas como marca la ley.

Un documento atrapado en el tiempo

Tamaulipas enfrenta una paradoja peligrosa, mientras los fenómenos naturales se vuelven más intensos y erráticos con el cambio climático, la entidad sigue operando con un Atlas de Riesgo que parece detenido en el tiempo. Con más de dos décadas de antigüedad, este documento —que debería ser la brújula para proteger a la población ante catástrofes— se ha convertido en un archivo obsoleto que pone en entredicho la capacidad de respuesta del estado.

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), la última actualización formal del Atlas ocurrió en el sexenio anterior, pero la falta de interés en mantenerlo vigente se arrastra desde administraciones pasadas. Los registros más recientes datan de 2005, y algunos incluso se remontan a 1980.

En ellos se describen viviendas valuadas en apenas 12 mil 500 pesos, construidas con materiales de desecho, o casas de interés social tasadas en 300 mil pesos, cifras que hoy resultan irreales frente al crecimiento urbano y económico de la entidad.

Datos desfasados, riesgos invisibles

El desfase no es menor, mientras el Atlas calcula la población en poco más de 3 millones de habitantes con base en el censo de 2005, los datos actuales del INEGI (2020) ya superan los 3.5 millones. Lo mismo ocurre con indicadores de educación, seguridad social, vegetación y vulnerabilidad urbana, todos anclados en estadísticas de hace casi dos décadas.

El Atlas debería servir para anticipar riesgos de inundaciones, deslizamientos o incendios forestales. Sin embargo, sus diagnósticos se apoyan en fotografías de 2007 y 2008 y en metodologías de organismos extranjeros de 2006.

En Ciudad Victoria, por ejemplo, el documento aún calcula 4,506 viviendas en riesgo por deslizamientos, cuando la expansión urbana ha multiplicado la exposición a este tipo de fenómenos.

Una iniciativa en el Congreso

Ante este rezago, en el Congreso de la Unión se presentó el 30 de septiembre una iniciativa que plantea actualizar los Atlas de Riesgo cada tres años, atendiendo a la naturaleza cambiante de los fenómenos naturales. La propuesta subraya que lluvias extremas, olas de calor, sismos e incendios forestales han mostrado un comportamiento más errático e intenso, lo que obliga a contar con diagnósticos dinámicos y precisos.

La Suprema Corte ha sido clara; los Atlas de Riesgo no son un trámite administrativo, son una obligación legal y una herramienta vital. Mantener un documento desfasado y fuera del alcance de las plataformas públicas significa que, en caso de desastre, los organismos estatales y federales que deberían actuar de inmediato lo harían a ciegas.

La contradicción es evidente, mientras Protección Civil de Tamaulipas asegura que el Atlas se está actualizando, en su sitio web no aparece nada de esa información. Esa opacidad convierte una herramienta que debería salvar vidas en un archivo perdido en la burocracia. La diferencia entre un Atlas vivo y accesible y un documento olvidado puede marcar la frontera entre la prevención eficaz y la tragedia evitable.