Tamaulipas tiene un plazo de 180 días naturales para poner en marcha una Unidad Especializada contra Delitos de Extorsión. Esta instancia deberá contar con protocolos claros de actuación, personal capacitado y un Centro Estatal de Denuncias, el cual se coordinará con autoridades federales para fortalecer la respuesta ante este delito.

Al mismo tiempo, los centros penitenciarios deberán implementar tecnologías que bloqueen llamadas y transmisiones ilegales desde el interior, cumpliendo con lo que marca la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.

La creación de esta nueva unidad será responsabilidad de la Fiscalía General de Justicia del Estado, mientras que el centro de atención a denuncias quedará bajo la Secretaría de Seguridad Pública. Los recursos necesarios se cubrirán con el presupuesto de ambas instituciones, según lo establecido en el decreto oficial.

Mientras la unidad entra en operación, la Fiscalía continuará apoyándose en la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, que atenderá los casos de extorsión sin dejar de lado sus funciones actuales.

Hasta octubre de este año se habían registrado 108 denuncias penales por extorsión, con una reducción notable en ese mes: solo cuatro casos frente a los 16 reportados en septiembre. Sin embargo, las cifras muestran un aumento general del delito, ya que entre enero y octubre de 2025 se abrieron más carpetas de investigación que en el mismo periodo de 2024, con un incremento del 38.4%.

“Con la participación activa de la ciudadanía se podrá enfrentar eficazmente esta conducta delictiva”, señaló José Calanda, representante del sector citricultor en las Mesas de Seguridad. Para él, la nueva ley representa un avance importante, pues ofrece mejores herramientas para combatir la extorsión.

El reto ahora es que la población confíe en las instituciones y se anime a denunciar, ya que sin esa colaboración será difícil que las medidas tengan el impacto esperado.