El Congreso de Tamaulipas aprobó una reforma legal que busca proteger los recursos públicos estatales y municipales mediante nuevas medidas contra empresas fantasma y proveedores improvisados. La iniciativa modifica la Ley de Adquisiciones para exigir verificaciones físicas antes de adjudicar contratos, asegurando que las compañías cuenten con infraestructura real y capacidad operativa.

Las autoridades deberán confirmar que los participantes en licitaciones tengan maquinaria, personal y solvencia económica suficiente para cumplir con los compromisos adquiridos. Esta verificación estará a cargo de la Contraloría y la Secretaría de Obras Públicas, quienes deberán aplicar los correctivos necesarios en caso de irregularidades.

Adrián Cruz Martínez, presidente de la Diputación Permanente y de la Comisión de Energía y Cambio Climático del Congreso local, explicó que la simulación de empresas inexistentes que reciben contratos sin cumplirlos será considerada delito. Además, se busca evitar que compañías recién creadas o vinculadas por relaciones personales accedan a recursos públicos sin demostrar experiencia ni estructura.

La reforma también reconoce la necesidad de dar oportunidad a empresas consolidadas que han trabajado formalmente durante años, pero que no han sido favorecidas en procesos anteriores. Con estas medidas, el Congreso pretende cerrar espacios a prácticas irregulares y fortalecer la transparencia en el uso del presupuesto público.