En una evidente contradicción para la principal institución de educación superior del estado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) designó a José Torres como nuevo titular de Comunicación Social, una persona que carece de título profesional acreditado para ejercer el cargo.

El hecho, que resulta difícil de asimilar y riñe con la esencia misma de una universidad encargada de formar y egresar profesionistas, fue admitido públicamente por el propio rector de la institución, Dámaso Anaya Alvarado. Abordado por los medios de comunicación, la máxima autoridad universitaria intentó matizar la situación argumentando que el nuevo vocero opera bajo una figura provisional.

Tal como quedó evidenciado en video a pregunta expresa de la prensa, el rector Dámaso Anaya justificó textualmente la designación señalando: “pues hizo todos los exámenes y todo está en orden, falta que le llegue el título más que nada, pero son encargados de despacho”.

Sin embargo, la declaración levanta serias dudas sobre los criterios de selección dentro de la UAT. Resulta paradójico que la institución con la mayor matrícula y oferta académica en Tamaulipas no haya priorizado un perfil con el grado profesional en mano para ocupar una dirección de primer nivel, conformándose con un “encargado de despacho” en un área tan sensible como la vocería institucional.

A la par de este cuestionado nombramiento, el rector fue abordado sobre la abrupta salida del recién destituido director de Comunicación Social, Manuel Aguilar González, y si su gestión administrativa sería sometida a investigación. Ante la insistencia, Anaya Alvarado respondió en la misma grabación: “Ah no, no, claro, o sea digo, precisamente son encargados… hacen trabajo, hacen trabajo, estamos checando”, dejando entrever que el desempeño y los números dejados por Aguilar González serán evaluados por la actual administración.

Esta transición en el manejo de medios de la UAT deja abierta la puerta a un necesario escrutinio sobre el proceso de entrega-recepción del ex titular, mientras la nueva etapa arranca arrastrando un fuerte cuestionamiento ético y académico: exigir a los alumnos en las aulas lo que no se le exige a los directivos en el tabulador.