La Cámara de Diputados recibió y turnó a comisiones la nueva iniciativa de reforma en materia electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual plantea la modificación de 11 artículos de la Constitución.

El proyecto tiene como ejes centrales la reducción del aparato legislativo, un recorte significativo al financiamiento de los partidos políticos y el establecimiento de controles más estrictos para evitar la infiltración de recursos ilícitos en las campañas.

En su exposición de motivos, la mandataria aclaró que esta propuesta no representa una ruptura ni una restricción al pluralismo, sino un esfuerzo por perfeccionar el sistema ante desafíos contemporáneos como los altos costos institucionales, la complejidad administrativa y la exigencia de mayor participación ciudadana.

Rediseño del Congreso y fin de las listas cupulares Uno de los puntos más trascendentales es la reestructuración del Congreso de la Unión. La iniciativa confirma la intención de reducir el Senado de la República de 128 a 96 escaños mediante la modificación del artículo 56, suprimiendo las 32 senadurías de representación proporcional que actualmente se asignan por el sistema de listas. En cuanto a la Cámara de Diputados, no se elimina la figura de representación proporcional para los 200 legisladores plurinominales, pero se modifica de raíz su mecanismo de elección para evitar que sean designaciones exclusivas de las cúpulas partidistas al margen de la voluntad ciudadana.

El nuevo modelo propone desaparecer las listas regionales de 40 fórmulas e instaurar un sistema híbrido: 100 curules se asignarán a los candidatos que, sin ganar su distrito, obtuvieron los mejores porcentajes de votación (segundos lugares); y los otros 100 mediante votación directa en las cinco circunscripciones, donde se incluirán a los candidatos votados por los mexicanos residentes en el extranjero. Para estos últimos, se exigirá comprobar una residencia mayor a tres años fuera de México.

Recorte presupuestal y blindaje financiero Bajo el argumento de que “una democracia onerosa es un agravio para su población”, el Ejecutivo federal propone reformar el artículo 41 constitucional para reducir en un 25 por ciento el presupuesto asignado a los partidos políticos para sus gastos ordinarios. Esto se lograría ajustando la fórmula de financiamiento, pasando de multiplicar el padrón electoral por el 68 por ciento del valor de la UMA, a un 48.75 por ciento.

Para blindar los comicios y salvaguardar la autenticidad del sufragio, se prohíbe explícitamente el uso de fondos provenientes de gobiernos, empresas o personas extranjeras. Asimismo, se establece que las autoridades de seguridad, procuración de justicia e inteligencia financiera tendrán facultades para solicitar información relevante de los candidatos. En la misma línea de transparencia, se obligará a reportar todas las operaciones financieras (incluyendo criptomonedas y divisas) al Instituto Nacional Electoral (INE), eliminando las donaciones en efectivo de personas físicas al exigir que se realicen exclusivamente mediante transferencia electrónica rastreable por los bancos.

Inteligencia Artificial, topes salariales y OPLEs La iniciativa también introduce medidas inéditas frente a las nuevas tecnologías, estableciendo que todo contenido electoral generado o alterado mediante Inteligencia Artificial deberá estar claramente etiquetado por su emisor. Las empresas concesionarias de radio y televisión, junto con las plataformas digitales, compartirán la responsabilidad legal de identificar, evitar la difusión y advertir sobre material manipulado que carezca de dicha etiqueta.

Por otro lado, en los artículos transitorios se exige que a partir de 2027 ningún consejero o funcionario del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) gane más que la Presidenta de la República. Los OPLEs mantendrán su estructura estatal, pero perderán formalmente sus atribuciones en materia de educación cívica.

Operatividad electoral y democracia municipal A nivel logístico, la iniciativa ordena que el cómputo de los votos en elecciones locales inicie la misma noche de los comicios al recibir el primer paquete en los consejos distritales, eliminando la histórica espera hasta el día miércoles. A la par, se reduce de 48 a 35 minutos diarios el tiempo oficial de difusión en medios para los partidos. Finalmente, se amplían los derechos ciudadanos al modificar el artículo 115 para reconocer la figura de consultas populares, referéndums y plebiscitos en los municipios; los congresos locales definirán las reglas, exigiendo como máximo el respaldo del 2 por ciento del listado nominal para convocarlas, y sus resultados serán vinculantes para el ayuntamiento si participa al menos el 40 por ciento del electorado.

Puntos clave de la iniciativa

• Ajuste legislativo: Eliminación de 32 senadores plurinominales (el Senado pasa de 128 a 96 escaños).

• Diputados plurinominales: Se mantiene la cifra de 200, pero su elección será mixta (mejores segundos lugares y votación directa en circunscripciones), eliminando las listas decididas por las cúpulas.

• Austeridad: Reducción del 25% al presupuesto ordinario de los partidos y tope salarial presidencial para funcionarios del INE y OPLEs desde 2027.

• Controles financieros: Prohibición total de dinero extranjero y donaciones en efectivo; todo ingreso de personas físicas deberá ser vía transferencia bancaria.

• Filtros de seguridad: Autoridades de seguridad e inteligencia financiera podrán indagar a los candidatos para prevenir la infiltración del crimen organizado.

• Uso de Tecnología: Será obligatorio etiquetar la propaganda elaborada con Inteligencia Artificial.

• Conteo de votos: Los cómputos distritales de elecciones locales comenzarán la misma noche de la jornada electoral, agilizando los resultados.