Desde el atril presidencial, Claudia Sheinbaum cerró filas con la iniciativa de recaudación de fondos a favor de Cuba, una campaña promovida originalmente por el diario La Jornada —medio de abierta afinidad con la autodenominada Cuarta Transformación— y respaldada recientemente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Durante su conferencia matutina, la mandataria no solo avaló la colecta de donativos privados impulsada por este sector, sino que utilizó el aparato de comunicación del Estado para descalificar a las voces opositoras, reduciendo los cuestionamientos sobre el apoyo a la isla a una supuesta “mezquindad” de la derecha.

Defensa financiera desde Palacio Nacional Ante las crecientes dudas de la oposición y de la sociedad civil sobre la transparencia de los fondos captados por la organización “Humanidad con América Latina”, Sheinbaum se apresuró a fungir como defensora de la legalidad de la iniciativa. La presidenta argumentó que la cuenta abierta en el banco Banorte no está excluida de las regulaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), asegurando que el objetivo del dinero es la compra de alimentos, medicamentos y plantas de luz para atenuar la crisis de hidrocarburos que atraviesa el país caribeño.

Ignorando las críticas sobre el uso de la plataforma presidencial para promover campañas de entidades simpatizantes con su movimiento, Sheinbaum justificó el esfuerzo apelando a la “fraternidad” histórica de México e incluso sugirió abiertamente que las donaciones ciudadanas se realicen “de manera personal”.

Evasión ante las violaciones de derechos humanos En lugar de abordar las legítimas preocupaciones sobre el respaldo financiero y político a un sistema señalado internacionalmente por represión, Sheinbaum optó por estigmatizar el debate público. Calificó la indignación ciudadana en redes sociales como una “oleada de bots” dedicados a esparcir “mentiras tremendas” para golpear el pronunciamiento de López Obrador.

El punto más álgido llegó cuando se le cuestionó expresamente sobre las documentadas violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen cubano. Fiel al guion diplomático de su antecesor, la presidenta evadió emitir cualquier condena y se escudó en el principio de “autodeterminación”, argumentando que juzgar esos actos “le corresponde al pueblo de Cuba”. En un polémico ejercicio de retórica, equiparó a la dictadura castrista con gobiernos elegidos en las urnas, indicando que así como respeta a Donald Trump en Estados Unidos o a Javier Milei en Argentina —pese a no compartir su ideología—, debe mantener la misma postura de no intervención con la isla.