El aparato educativo estatal ordenó el cierre definitivo de los centros de adiestramiento civil tras confirmar que operaban al margen de la ley y representaban un peligro inminente para los menores.

Luego de la presión mediática y el rastreo institucional derivado del caso Dafne en Ciudad Madero, la Secretaría de Educación Pública (SEP), en coordinación con autoridades estatales, emitió el mandato para clausurar de forma definitiva las denominadas academias militarizadas en Tamaulipas. La instrucción gubernamental marca el fin de la tolerancia hacia estos campamentos de instrucción, los cuales habían proliferado bajo una fachada de disciplina formativa, aprovechando vacíos legales para someter a adolescentes a dinámicas de riesgo extremo sin ningún tipo de supervisión oficial.

El dictamen de cierre se fundamentó en las graves irregularidades documentadas durante las inspecciones de emergencia. Los expedientes confirmaron que ninguno de los cinco recintos previamente identificados contaba con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), operando en una total clandestinidad administrativa. Más allá de la falta de acreditación curricular, las autoridades constataron la ausencia de protocolos de protección civil, atención médica de primera respuesta y perfiles psicológicos certificados por parte de los instructores, configurando un escenario de negligencia institucionalizada.

Para ejecutar la clausura y garantizar el cese de operaciones, el gobierno del estado articuló una fuerza de tarea multidisciplinaria. El desmantelamiento de estas academias requirió la intervención simultánea de elementos de la Fiscalía General de Justicia, Protección Civil y la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Tamaulipas. Este bloque operativo ejecutó el aseguramiento de los inmuebles, coordinó la reintegración segura de los menores a sus núcleos familiares y procedió al resguardo de las bitácoras internas para nutrir las indagatorias vigentes.

La orden de la SEP trasciende la simple sanción administrativa y consolida un nuevo frente en el ámbito judicial. Con las instalaciones inhabilitadas, el Ministerio Público cuenta con vía libre para fincar responsabilidades directas contra los propietarios y promotores de estos espacios. Se prevé que las carpetas de investigación abarquen probables delitos como usurpación de funciones, fraude y exposición de menores al peligro. Paralelamente, el Congreso local ha comenzado a perfilar reformas para blindar el marco normativo de la entidad, con el objetivo de prohibir expresamente la apertura de cualquier figura constitutiva que intente replicar este modelo de castigo físico en el futuro.