La iniciativa de reforma constitucional para poner un límite definitivo a las llamadas “pensiones doradas” de exfuncionarios públicos ha iniciado su ruta de análisis formal en el Senado de la República.

El proyecto, impulsado por el Ejecutivo Federal, busca establecer que ninguna jubilación de extrabajadores de confianza en dependencias y entidades paraestatales como Pemex, CFE, Banobras o el Banco de México supere el 50 por ciento de la remuneración mensual de la Presidencia, fijando un tope de aproximadamente 70 mil pesos al mes.

De acuerdo con el documento recibido por la Mesa Directiva de la Cámara Alta, esta reducción de haberes de retiro aplicará exclusivamente para los altos mandos del pasado que gozaban de esquemas discrecionales, dejando intactos los derechos de los trabajadores de base y sindicalizados amparados por contratos colectivos. Las proyecciones del gobierno federal apuntan a que este ajuste generará un ahorro anual de 5 mil millones de pesos, una bolsa que será reorientada de manera íntegra al financiamiento de los diversos Programas para el Bienestar.

Durante los primeros posicionamientos legislativos, las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) adelantaron que respaldarán en lo general la eliminación de estos ingresos desproporcionados, pero lanzaron severas críticas a la técnica jurídica de la propuesta. Los senadores de oposición coincidieron en que vincular el tope de las pensiones directamente al salario presidencial resulta una medida arbitraria que podría traer complicaciones administrativas.

En el debate público, el coordinador panista Ricardo Anaya planteó que el límite de estas percepciones debería calcularse con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), tal como operan los topes actuales en el IMSS o el ISSSTE, sugiriendo un límite técnico de 20 UMAS. Por su parte, el líder de los senadores priistas, Manuel Añorve, adelantó que su fracción parlamentaria pondrá especial atención en el principio de no retroactividad de la ley. Su objetivo es evitar que una redacción deficiente vulnere derechos adquiridos y termine por invalidar la reforma en los tribunales.

Mientras la propuesta es analizada a fondo en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, diversos especialistas y exfuncionarios del sistema de ahorro para el retiro advierten que el verdadero campo de batalla no estará en el pleno del Senado, sino en la Suprema Corte. Argumentan que reducir montos de pensiones millonarias que ya fueron otorgadas legalmente en administraciones pasadas podría desencadenar una cascada de amparos y controversias constitucionales.