La Contraloría Gubernamental del estado de Tamaulipas, aplicó 37 sanciones a servidores públicos en el período que comprende los años 2023 y 2024, algunos de éstos ejercían funciones en la anterior Administración estatal.

Con base al registro de la Plataforma Nacional de Transparencia, la Contraloría del Estado dio resolución en los dos años anteriores 37 expedientes de procedimientos administrativos en contra de servidores de altos niveles del Gobierno estatal, en éstos aplicó seis amonestaciones privadas y 31 inhabilitaciones temporales que van desde los tres a 12 meses.

Durante el 2023 este órgano de control resolvió 15 casos y en el 2024 otros 22. De acuerdo a la información pública, las dependencias estatales donde se encontraban y/o encuentran adscritos los servidores públicos son; principalmente la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Obras Públicas, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo.

Así como otros casos en la coordinación de Comunicación Social, Secretaría de Bienestar Social, Oficina del Gobernador, Secretaría Administración, Secretaría de Turismo, Secretaría de Salud y Instituto Registral y Catastral.

Las causas que determinaron algunos tipo de sanción son: violación a las leyes y normativa presupuestal, negligencia administrativa, violación al procedimiento de contratación, omisión de presentar declaración de situación patrimonial y de intereses, participación en la autorización irregular de plazas sindicales sin requisitos de ley e incumplimiento de vigilar las disposiciones legales vigentes para regular la relación laboral del organismo y sus trabajadores.

Los cargos que en que se desarrollaban en el momento de cometer la falta administrativa van desde controlador, capturaste, monitorista, auxiliar de servicios, auxiliar técnico, auxiliar administrativo, encargado de área, analista, defensor público, jefe de unidad, jefe de departamento, director administrativo, director, subdirectora, secretaria técnica, director general y hasta el expediente que se resolvió en 2023 de la exsecretaria de Desarrollo Social.

Cabe señalar que en dicho expediente de resolución identificado con el número AR-2-1S-CI-SBS-041-2023, imputa a los exservidores públicos Yahleel Abdala Carmona, Mauricio Alejandro Yzaguirre Guerra y a la actual diputada del Congreso de Tamaulipas por el PAN, Patricia Mireya Salvias Cano con la sanción de “inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por término de un año”. Dicha sanción tiene vigencia hasta el próximo 20 de agosto del presente.