La Junta Local advierte que el ajuste financiero obliga a trabajar “al límite”, afectando la contratación de personal eventual y la renovación de equipos en los módulos de atención.

La Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tamaulipas reconoció que los ajustes a la baja en el presupuesto federal han comenzado a representar un obstáculo técnico para el desempeño óptimo del organismo en la entidad. Sergio Iván Ruiz Castellot, vocal ejecutivo del instituto, admitió que la disminución de recursos impone una limitación real que obliga a todas las áreas a operar con lo estrictamente necesario.

El funcionario electoral explicó que el impacto se resiente principalmente en los gastos operativos cotidianos y en el mantenimiento de la infraestructura. Señaló que rubros como la conservación de los inmuebles donde operan las juntas distritales y los Módulos de Atención Ciudadana han tenido que postergarse o reducirse al mínimo, lo que a largo plazo podría afectar la comodidad y el servicio que se brinda a la ciudadanía que acude a tramitar su credencial.

Otro de los aspectos sensibles que destacó Ruiz Castellot es la restricción en la contratación de personal. Debido a la falta de suficiencia presupuestal, el INE en Tamaulipas se ha visto imposibilitado para cubrir ciertas vacantes temporales o contratar apoyo adicional para periodos de alta demanda. Esto ha derivado en una sobrecarga de trabajo para el personal de base, quienes deben absorber tareas adicionales para mantener la actualización del padrón electoral al día.

Pese al escenario de austeridad republicana, la delegación estatal aseguró que la función sustantiva del INE no se detendrá. El vocal ejecutivo afirmó que se están implementando medidas de racionalidad administrativa para “hacer más con menos”, priorizando la atención directa al público. Sin embargo, advirtió que de mantenerse esta tendencia de recortes en los próximos ejercicios fiscales, la capacidad de despliegue logístico para futuros procesos electorales podría verse comprometida si no se ajustan los montos a la realidad operativa del estado.