Lucero Deosdady Martinez López impulsa una iniciativa de decreto, que tiene por objeto modificar los artículos 7, 17, 26 y 38, así como ampliarlo con la adicción el artículo 34 Bis de la Ley para la igualdad de Género en Tamaulipas, a efecto de garantizar la igualdad salarial entre mujeres y hombres.

Explicó que la presente iniciativa tiene como objetivo establecer mecanismos efectivos que permitan garantizar la igualdad salarial por trabajo de igual valor, promover la transparencia en las estructuras de remuneración, fortalecer la inspección laboral y fomentar la corresponsabilidad en las tareas de cuidado. Asimismo, busca incentivar la participación equitativa de mujeres y hombres en todos los sectores productivos, así como erradicar prácticas discriminatorias en el ámbito laboral.

Eliminando la brecha salarial, ya que la causa no solo es económica, sino profundamente ética, no se trata únicamente de cifras o estadísticas; hablamos de justicia, de dignidad y de derechos, por ello, resulta necesario la implementación de mecanismos efectivos de transparencia y supervisión en materia laboral, a fin de eliminar la brecha salarial de género, erradicar prácticas discriminatorias y asegurar el reconocimiento equitativo del trabajo de igual valor, como una acción de justicia histórica que contribuya al desarrollo social, económico y a la consolidación de la igualdad sustantiva.

“Esta brecha, entendida como la diferencia sistemática en las remuneraciones percibidas por mujeres y hombres por trabajos de igual valor, no responde a factores individuales aislados, sino a una serie de condiciones históricas, sociales y económicas que han colocado a las mujeres en una posición de desventaja. Entre ellas se encuentran la segregación ocupacional, la desvalorización de sectores altamente feminizados, la carga desproporcionada de trabajo no remunerado y los sesgos persistentes en los procesos de contratación, promoción y asignación salarial”, mencionó.

Reiteró que la brecha salarial de género no debe entenderse únicamente como una política pública más, sino como una acción de justicia histórica. Se trata de reconocer y corregir una deuda acumulada a lo largo del tiempo, en la que el trabajo de las mujeres ha sido sistemáticamente subvalorado o invisibilizado. En este sentido, la intervención del Estado resulta indispensable para generar condiciones reales de igualdad, más allá de la igualdad formal.

Mencionó que con esa propuesta, se pretende no solo reducir una brecha económica, sino avanzar hacia una transformación estructural que dignifique el trabajo de las mujeres y reconozca su contribución plena al desarrollo social y económico. La eliminación de la brecha salarial es, en última instancia, una condición necesaria para la construcción de una sociedad más justa, equitativa e incluyente.