Alrededor del 60 por ciento de las personas privadas de la libertad en penales del fuero común permanecerían en espera de una sentencia, reconoció la presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas, Tania Contreras López.

La cifra fue planteada como una aproximación estadística, ya que la magistrada señaló que el dato exacto tendría que ser confirmado por el área de Planeación y Estadística del Poder Judicial.

Contreras López explicó que cerca del 40 por ciento de las personas internas ya estaría compurgando una sanción, mientras que el resto continuaría enfrentando su proceso sin una resolución definitiva.

El dato contrasta con la referencia inicial de que hasta el 80 por ciento de las personas privadas de la libertad se encuentran en esta condición. La propia presidenta ubicó la estimación en alrededor del 60 por ciento, por lo que aún falta transparentar la cifra oficial, el número total de internos y el tiempo promedio que llevan esperando sentencia.

Audiencias pasaron de meses a ocho semanas

La presidenta del Poder Judicial informó que anteriormente las audiencias se programaban con retrasos de cuatro o cinco meses. Para reducir los tiempos, se contrató personal administrativo y se habilitaron audiencias durante las tardes, así como los sábados y domingos.

Aseguró que actualmente la meta es que las audiencias se programen en un plazo máximo de ocho semanas.

“Hoy están programándose máximo a ocho semanas; ese es un estándar que tenemos ahora como meta”, declaró.

Contreras López sostuvo que estas acciones comenzaron en el sistema penal acusatorio y posteriormente se extendieron a las áreas civil, familiar y laboral, donde también se prepara la apertura de un nuevo juzgado.

Sin embargo, la reducción en la agenda de audiencias no resuelve por sí misma el problema de fondo: miles de personas pueden continuar privadas de la libertad sin una sentencia, mientras sus procesos se prolongan durante meses o años.

Amparos pueden detener procesos

La presidenta explicó que los procedimientos del fuero local pueden suspenderse cuando alguna de las partes interpone recursos constitucionales, como amparos, revisiones o quejas.

De acuerdo con su explicación, estos recursos pueden tardar uno, dos o hasta tres años en resolverse, periodo durante el cual los jueces locales no pueden continuar con el proceso hasta conocer la determinación de la justicia federal.

La funcionaria evitó referirse a casos particulares, pero señaló que el Poder Judicial trabaja con líneas del tiempo para explicar a las partes cuándo un expediente sale del ámbito estatal y cuándo puede reanudarse.

Estudios de asociaciones civiles han demostrado que existe un rezago de personas privadas de la libertad sin una sentencia, y la Suprema Corte de Justicia ya ha dictaminado que va en contra de los derechos humanos mantener una persona privada de la libertad más de dos años sin una sentencia.