Se presentó una iniciativa con Punto de Acuerdo mediante la cual se hace una atenta solicitud a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y a la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas para que elaboren un informe relacionado con el impuesto verde implementado desde el año 2022 en el Estado de Tamaulipas.

El legislador Cruz Martinez, explicó que disponer de esta información permitirá a esta Soberanía evaluar si el impuesto verde está cumpliendo su propósito original o si es necesario considerar ajustes normativos o administrativos que fortalezcan su eficiencia, mejoren su impacto y aseguren que los recursos se destinen efectivamente a acciones ambientales prioritarias.

De acuerdo con información publicada recientemente en medios de comunicación, el impuesto ha recaudado 151 millones de pesos en dos años, lo que evidencia su relevancia como herramienta fiscal y su potencial para impulsar políticas públicas ambientales de alto impacto. La nota destaca que estos recursos provienen principalmente de empresas con emisiones significativas, lo que confirma la pertinencia del instrumento y su alineación con estándares internacionales de responsabilidad ambiental. No obstante, es importante no tener como referencia fuentes de prensa si no los datos duros de nuestras propias Secretarías, informó Francisco Adrián Cruz Martinez promovente de la iniciativa.

Cabe señalar que en Tamaulipas, el llamado impuesto verde fue creado en 2022 con el propósito de establecer un mecanismo financiero que permitiera compensar los impactos ambientales derivados de actividades industriales y productivas. Su diseño buscó no solo generar ingresos, sino también promover una cultura de responsabilidad ambiental y fortalecer la capacidad del Estado para atender problemáticas relacionadas con la calidad del aire, el manejo de residuos y la protección de ecosistemas.

La protección del medio ambiente y la mitigación de los efectos de la contaminación atmosférica son prioridades globales que requieren acciones decididas desde los gobiernos locales. En este contexto, los instrumentos fiscales ambientales —como los impuestos verdes— se han consolidado como herramientas efectivas para incentivar prácticas responsables, desincentivar emisiones contaminantes y generar recursos destinados a la restauración y preservación del entorno natural.

“Sin embargo, para garantizar que este mecanismo cumpla plenamente con su objetivo, es indispensable contar con información clara, actualizada y verificable sobre:
El monto recaudado año con año.
El destino y ejercicio de los recursos.
Los proyectos ambientales financiados.
Los resultados obtenidos y su impacto en la calidad ambiental del Estado.
La transparencia en el uso de los recursos públicos es un principio fundamental de la administración pública moderna. La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se aplican los ingresos derivados de este impuesto y qué beneficios concretos se han generado para el medio ambiente y para las comunidades tamaulipecas”, dijo.