Además de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), también la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) aparece en el centro de las contradicciones del caso CIGOVI. Aunque la dependencia ordenó la suspensión de actividades tras la explosión ocurrida en 2023, fuentes cercanas a la investigación señalan que funcionarios de alto nivel habrían exigido sobornos para permitir la continuidad del banco.

El empresario Ciro González Villarreal denunció presiones de la titular de Seduma, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, y del procurador ambiental, quienes supuestamente le habrían solicitado 150 mil pesos para dejarlo operar. El episodio derivó en enfrentamientos políticos internos y en la caída de los procedimientos administrativos iniciados contra Fragmentación y Trituraciones CIGOVI, S.A. de C.V., que “casualmente” nunca prosperaron.

La propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó los permisos solicitados por CIGOVI, al ubicarse el banco en una zona considerada área natural protegida y sin autorización de cambio de uso de suelo forestal. Sin embargo, la Seduma mantuvo una postura contradictoria, mientras reconocía la clausura del sitio, permitía su operación en la práctica. 

En 2025 pese a la multa de 10 millones de pesos impuesta por Seduma, -nunca pagada-, la empresa CIGOVI reanudó operaciones. De acuerdo con testimonios internos que no forman parte del proceso judicial, el empresario Ciro González habría ofrecido 400 mil pesos mensuales a funcionarios de Seduma para gestionar la reapertura del banco; sin embargo, el ofrecimiento fue rechazado. Las mismas fuentes señalan que el ofrecimiento llegó posteriormente a la Secretaría de Obras Públicas, donde Pedro Cepeda Anaya retomó el argumento de los retrasos en la obra pública para la reapertura.

Según las propias declaraciones de Pedro Cepeda, las obras carreteras Mante–Tula–Ocampo y otras en curso en el altiplano tamaulipeco fueron abastecidas directamente con material proveniente de CIGOVI. Ni la SOP ni la Seduma exigieron permisos, comprobantes de procedencia ni pagos de contribuciones estatales.

Cabe señalar que durante ese período, de acuerdo a los mismos testimonios, Ciro González afirmaba ante sus allegados haber “comprado” a magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa para obtener una resolución favorable que le permitiera reabrir el banco de materiales; “habría entregado más de dos millones de pesos e incluso una Yukon Denali negra de reciente modelo”. Tiempo después, el propio empresario reconocería que los acuerdos no se concretaron, ya que los magistrados cumplieron con la supuesta promesa de liberar el banco.

Daño ambiental y pérdida al erario

Este caso dejó como saldo un daño ambiental irreversible en una zona considerada área natural protegida, así como una evasión fiscal millonaria derivada de la extracción y comercialización irregular de materiales para la construcción. De acuerdo con especialistas consultados, el volumen de extracción no autorizado representa una pérdida superior a los 6 millones de pesos en impuestos y derechos locales no reportados.

Un Estado cómplice de su propio delito 

Mientras el empresario Ciro González enfrenta proceso penal, las dependencias estatales que se beneficiaron de su operación ilegal siguen funcionando con normalidad. La carretera será inaugurada, pero bajo ella yace la evidencia de un crimen ambiental y fiscal que —como la piedra caliza que lo alimenta— fue triturado, transportado y compactado con la complicidad de quienes debían proteger la ley y el medio ambiente.