Una jueza federal en Oregon volvió a detener los planes del Gobierno de Estados Unidos para enviar tropas de la Guardia Nacional a Portland. Esta vez, la orden impide que se movilicen soldados desde cualquier estado del país hacia la ciudad, en medio de tensiones por las protestas frente a instalaciones migratorias.

La jueza Karin Immergut, quien ya había bloqueado el envío de tropas locales el sábado, amplió su decisión el domingo por la noche. Según su fallo, el presidente no tiene base legal para federalizar a los militares en este contexto, ya que las manifestaciones en Portland “no representaban un ‘peligro de rebelión’”.

Durante una audiencia urgente, Immergut cuestionó al abogado del Departamento de Justicia por intentar sortear su orden anterior. “Señor Hamilton, usted es funcionario del tribunal. ¿No están los demandados simplemente eludiendo mi orden?”, dijo la jueza.

Autoridades de Oregon y California habían solicitado ampliar la restricción, argumentando que el Gobierno buscaba enviar tropas desde Los Ángeles a Portland para esquivar el fallo del sábado. “No hay una rebelión en Portland”, afirmaron en su moción. “No existen leyes que los demandados no puedan ejecutar con fuerzas regulares en Portland”.

La jueza coincidió y extendió la prohibición hasta el 19 de octubre, con una nueva audiencia prevista para el día 17. También rechazó la solicitud del Departamento de Justicia de suspender la medida.

Mientras tanto, las protestas frente al centro de detención de ICE en el sur de Portland continuaron. La policía local reportó dos arrestos más, elevando el total a 36 desde junio. Esta cifra no incluye detenciones realizadas por agentes federales.

Antes del fallo, ya habían llegado a Oregon cerca de 100 miembros de la Guardia Nacional de California, y se esperaba que el número aumentara. Según una declaración jurada del general de brigada Alan Gronewold, jefe de la Guardia Nacional de Oregon, el despliegue estaba en marcha.

“La actuación del presidente Trump es un intento de ocupar e incitar a las ciudades y estados que no comparten su visión política”, dijo la gobernadora de Oregon, Tina Kotek. “El presidente puede esperar que Oregon le haga frente en cada paso”.

El secretario de Justicia estatal, Dan Rayfield, celebró el fallo: “El presidente no puede seguir jugando al gato y al ratón con unidades de la Guardia de distintos estados para evadir las órdenes judiciales y el estado de derecho”.

Desde California, el gobernador Gavin Newsom también reaccionó: “Acabamos de ganar en tribunales —otra vez—. El abuso de poder de Trump no prevalecerá”. Newsom había prometido demandar por el envío de tropas californianas a Portland. “Esto no tiene que ver con la seguridad pública, tiene que ver con el poder”, afirmó. “El comandante en jefe está usando a las Fuerzas Armadas de EE.UU. como arma política contra ciudadanos estadounidenses”.

Por otro lado, Stephen Miller, secretario general adjunto de la Casa Blanca, criticó el fallo y lo calificó como “una de las violaciones más atroces y estruendosas del orden constitucional que hemos visto”. “O tenemos un Gobierno federal, una cláusula de supremacía y una nación, o no la tenemos”, añadió.

Chicago también fue escenario de tensiones. Allí, Trump autorizó el despliegue de 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois, pese a las objeciones de autoridades locales. El gobernador JB Pritzker acusó al Gobierno de querer “crear una zona de guerra para poder enviar aún más militares”. Más tarde, calificó la estrategia como “la invasión de Trump”.

“Los valientes hombres y mujeres que sirven en nuestras guardias nacionales no deben ser usados como elementos políticos decorativos”, dijo Pritzker.

En Memphis, el Gobierno presume de los resultados de un grupo de tareas federal que ha realizado 273 arrestos y confiscado 73 armas ilegales en menos de una semana. Aunque la Guardia Nacional aún no ha sido activada allí, se espera que lo sea en las próximas semanas.