Autoridades de Tamaulipas retiraron más de 370 cámaras de videovigilancia instaladas de manera ilegal en distintos municipios del estado, como parte de una estrategia para reforzar la seguridad pública y evitar su uso con fines ilícitos.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que los dispositivos fueron detectados durante operativos y recorridos de supervisión, al comprobar que no contaban con autorización oficial. El titular de la dependencia, Carlos Arturo Pancardo Escudero, explicó que muchas de estas cámaras habían sido colocadas de forma irregular y podían ser utilizadas para monitorear movimientos de corporaciones policiales o actividades de la ciudadanía sin control institucional.

La desinstalación busca inhibir prácticas ilegales y fortalecer la infraestructura oficial de vigilancia, evitando que grupos delictivos aprovechen estos equipos para obstaculizar las labores de seguridad. Según la SSPT, el retiro de las cámaras forma parte de una estrategia integral que incluye la ampliación del sistema estatal de monitoreo.

El gobierno estatal anunció que, como complemento, se instalarán 150 nuevas cámaras de videovigilancia dentro de la red del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5). Con ello se pretende mejorar el monitoreo en los 43 municipios de Tamaulipas, garantizando que los equipos estén bajo control institucional y operen con protocolos de seguridad.

La medida se da en un escenario donde reportes de persecuciones y bloqueos en ciudades como Reynosa y Camargo han generado alerta en la población. El retiro de las cámaras ilegales busca evitar que estos dispositivos sean utilizados para coordinar ataques o vigilar a las fuerzas de seguridad, reforzando la confianza ciudadana en el sistema oficial de vigilancia.

Especialistas en seguridad consideran que la acción representa un paso importante para recuperar el control tecnológico del espacio público, aunque advierten que será necesario mantener una supervisión constante para impedir la reinstalación clandestina de equipos. El fortalecimiento del C5, señalan, permitirá un mayor alcance en la prevención del delito y en la respuesta inmediata ante emergencias.