Obras en Tamaulipas: edificadas con piedra de banco bajo investigación penal por daño ambiental
En Tamaulipas, el Gobierno estatal ha utilizado material proveniente del banco Fragmentación y Trituraciones CIGOVI, S.A. de C.V., clausurado por delitos ambientales para la construcción de carreteras, puentes y otras obras públicas, pese a que la propia autoridad había ordenado su cierre.
Documentos judiciales y técnicos entre ellos el expediente 57/2025 del Tribunal Colegiado de Apelación del Cuarto Circuito y la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de CIGOVI, confirman que el banco operaba en el cauce del arroyo Juan Capitán, dentro de una zona federal protegida, sin concesión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ni autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Pese a ello, la Secretaría de Obras Públicas (SOP) a cargo de Pedro Cepeda Anaya, continuó abasteciéndose de material, incluso después de que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) ordenaran la suspensión de actividades tras una explosión en 2023. La propia MIA de la empresa reconoce que la planta trituradora “se encuentra trabajando dentro del predio” y que el material calizo era comercializado al público en general.
El titular de la SOP argumentó que la reapertura del banco de materiales era necesaria porque el cierre “encarecía las obras del Estado”. No obstante, documentos y declaraciones internas apuntan a que la medida también respondía a intereses económicos y presionar al gobernador Américo Villarreal Anaya y revertir la clausura.
En el 2023 a través de un comunicado oficial, el Gobierno de Tamaulipas anunció “empresa trituradora viola sellos de clausura; presentan denuncia penal” y que la FGR realizó un cateo por presuntos delitos, encontrando en el lugar un polvorín con explosivos, 30 mil litros de combustible y la violación de sellos de clausura definitiva.
En este caso, la Conagua en coordinación con las autoridades federales, realiza estudios para determinar la posible afectación al manto acuífero que atraviesa la zona conocida como Boca de Juan Capitan, ubicada en las inmediaciones del terreno explotado por CIGOVI, que de acuerdo con los reportes preliminares, el sitio habría sido rellenado sin autorización oficial, lo que podría haber alterado el flujo natural del agua subterránea y generado un riesgo ambiental.
Mientras tanto, el empresario Ciro González Villarreal, operador de Fragmentación y Trituraciones CIGOVI, S.A. de C.V., se encuentra vinculado a proceso penal federal por presuntos delitos ambientales relacionados con la explotación irregular de materiales pétreos. De acuerdo con el expediente de la causa penal 235/2025, la empresa en su carácter de persona moral, fue citada a una primera audiencia programada para el viernes 14 del presente mes, dentro del mismo proceso judicial. Las autoridades federales analizan la documentación presentada para determinar el grado de participación de la compañía en los hechos investigados.
De acuerdo con especialistas en materia penal consultados, en caso de que el proceso derive en una sentencia condenatoria, las autoridades podrían abrir nuevas líneas de investigación relacionadas con el origen y manejo de los recursos financieros de la empresa y sus operadores. Entre los posibles delitos a indagar se encuentra el lavado de dinero, dado que este tipo de actividades ilícitas —particularmente en el sector de extracción de materiales— suele vincularse con operaciones financieras irregulares y movimientos de capital difíciles de rastrear.
El caso exhibe como la Secretaría de Obras Públicas presuntamente se convirtió en cliente de un banco de materiales que operaba ilegalmente, con conocimiento de las irregularidades y pese a las órdenes de suspensión. Cada contrato firmado bajo estas condiciones no solo compromete la legalidad de las obras, sino también la confianza ciudadana en la gestión pública.
