El gobierno de Tamaulipas anunció que reforzará su estrategia de seguridad con iniciativas que buscan frenar actividades delictivas que afectan directamente a la ciudadanía. Entre ellas destacan acciones contra el uso de ponchallantas y la compraventa de cobre sin regulación, prácticas que han alimentado el robo y el mercado negro en la región.

Durante la entrega de la Medalla al Mérito Luis García de Arellano a la bailarina Cecilia Imelda Lugo Cruz, el gobernador Américo Villarreal Anaya adelantó que su administración trabaja en propuestas para actualizar el marco jurídico estatal y cerrar espacios a la delincuencia. Estas medidas, explicó, surgen de las observaciones realizadas en las sesiones de la mesa de seguridad, donde se analizan diariamente los retos que enfrenta el estado.

Una de las reformas recientes establece como delito la simple portación de “ponchallantas”, incluso sin necesidad de comprobar su uso. De igual forma, se prohíbe la compra de cobre en recicladoras sin documentación que acredite su procedencia, con el objetivo de cortar de raíz el mercado ilegal que surge del saqueo de instalaciones públicas y privadas.

“Entre las propuestas para fortalecer el entorno están entre otras, tipificar como delito grave la sola portación de ponchallantas, sin necesidad de probar su uso y prohibir la compra-venta de cobre de procedencia ilícita en chatarrerías, cortando de tajo el mercado negro que alimenta robos a infraestructura pública y privada”.

El gobernador señaló que, además de estas reformas, se incrementará la inversión en inteligencia e investigación policial para lograr un combate más preciso y efectivo contra la delincuencia. Recordó que fenómenos como el huachicol fiscal y los flujos migratorios desordenados han sido contenidos gracias al trabajo coordinado entre instituciones.

“Queremos que las y los diputados conozcan de primera mano el trabajo que realizamos. En la mesa de seguridad detectamos situaciones que requieren ajustes legislativos, y por eso impulsamos nuevas leyes para limitar prácticas que favorecen hechos delictivos y promover mejores comportamientos sociales”.

Con estas iniciativas, el gobierno estatal busca no solo sancionar conductas ilegales, sino también enviar un mensaje claro: la seguridad y el orden son prioridades, y se fortalecerán con leyes más firmes y estrategias más modernas.