Diversos sectores productivos y legislativos en la entidad han reactivado las gestiones ante las instancias federales para prorrogar y ampliar el decreto que permite la legalización de unidades motrices de procedencia extranjera.

Representantes de organizaciones sociales y legisladores locales impulsan mesas de diálogo con la administración federal para evitar la conclusión del programa de regularización vehicular. Argumentan que un número considerable de familias en la región mantiene su patrimonio en unidades conocidas popularmente como autos chocolate, por lo que frenar el proceso de nacionalización generaría un impacto negativo en la economía familiar y en el control del parque vehicular circulante.

Las propuestas presentadas ante las dependencias competentes enfatizan que la continuidad del decreto no solo facilita la certidumbre jurídica de los propietarios, sino que también contribuye a la seguridad pública al mantener un padrón actualizado de los automotores que transitan por las carreteras del estado. Asimismo, se señala que los recursos recaudados por este concepto deben destinarse prioritariamente a la pavimentación y mejora de la infraestructura vial municipal.

Por su parte, cámaras empresariales y asociaciones de distribuidores de automotores han manifestado reservas ante la posible prórroga, advirtiendo que la entrada continua de vehículos usados del extranjero satura el mercado interno y desincentiva la renovación formal del parque vehicular. El debate continúa abierto mientras las autoridades federales evalúan la viabilidad de extender los plazos de regularización en las entidades fronterizas