La incertidumbre se ha apoderado de miles de familias migrantes en Estados Unidos luego de que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito suspendiera este lunes un fallo previo que protegía a los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) originarios de Honduras, Nicaragua y Nepal, allanando el camino para que la administración Trump ejecute la terminación definitiva de este amparo.

Esta decisión judicial pone en riesgo inmediato de deportación a más de 60,000 personas que han residido legalmente en el país durante décadas, muchas de las cuales trabajan en sectores esenciales como la salud y el cuidado infantil, según denunció la Alianza Nacional del TPS, organización que lidera la defensa legal de los afectados.

José Palma, coordinador de la Alianza, advirtió que la medida despojará de permisos de trabajo y protección a individuos que han cumplido con todos los requisitos legales y que ahora enfrentan la separación forzosa de sus hijos ciudadanos estadounidenses, como es el caso de Jhony Silva, un enfermero hondureño cuyo hijo con autismo depende totalmente de él para su subsistencia y atención médica.

Mientras organizaciones como la ACLU y la National Day Laborer Organizing Network (NDLON) califican el fallo como una violación a la ley y un acto devastador para las comunidades, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, celebró la resolución argumentando que el TPS fue “abusado” por administraciones anteriores como una “amnistía de facto” y asegurando que las condiciones en los países de origen han mejorado lo suficiente para justificar el retorno.

Por su parte, la Cancillería de Honduras lamentó profundamente la postura de Washington, defendiendo el historial intachable de los “tepesianos” y anticipando que la batalla legal podría escalar hasta la Corte Suprema, en un último intento por frenar una política que consideran desconectada de la realidad humanitaria y económica de la región.