El colectivo Defensoras Digitales de la Libertad y la Resistencia (DLR) anunció la inhabilitación de miles de grupos en redes sociales y plataformas de mensajería donde se compartía contenido íntimo sin consentimiento. La acción, realizada durante los primeros meses de 2026, forma parte de una estrategia para combatir la violencia digital y proteger a mujeres y adolescentes de la difusión no autorizada de imágenes privadas.

De acuerdo con el informe presentado por DLR, se logró desactivar más de 3,000 grupos en distintas plataformas, algunos con miles de integrantes, dedicados a la distribución de material íntimo obtenido sin autorización. El colectivo explicó que la operación se llevó a cabo mediante denuncias masivas, coordinación con equipos de moderación y el uso de mecanismos internos de las aplicaciones para reportar violaciones a las normas comunitarias.

Las integrantes del colectivo señalaron que la práctica conocida como “packs” o “exposición digital” constituye una forma de violencia de género que afecta la seguridad y la integridad de las víctimas. Subrayaron que la eliminación de estos espacios no solo busca frenar la circulación de contenido, sino también visibilizar la magnitud del problema y presionar a las plataformas tecnológicas para que refuercen sus políticas de protección.

El informe también destacó que, pese a los avances, la reproducción de estos grupos es constante y requiere vigilancia permanente. Por ello, DLR llamó a las autoridades mexicanas a fortalecer la aplicación de la Ley Olimpia, que sanciona la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, y a garantizar acompañamiento legal y psicológico para las víctimas.

La acción del colectivo fue celebrada por organizaciones feministas y defensoras de derechos digitales, quienes consideraron que se trata de un paso importante en la lucha contra la violencia en línea. Sin embargo, advirtieron que la erradicación definitiva de estas prácticas dependerá de un esfuerzo conjunto entre sociedad civil, empresas tecnológicas y autoridades judiciales.

El caso confirma que la violencia digital sigue siendo uno de los principales retos en materia de género y derechos humanos en México, y que la resistencia organizada de colectivos como DLR es clave para enfrentarla.