Por Marcela Guzmán

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Más de 100 niñas de entre 10 y 14 años se convierten en madres cada año en Tamaulipas. No se trata de una cifra menor ni de un problema que pueda reducirse a la falta de información: en esas edades, un embarazo debe encender las alertas sobre posible violencia sexual, abuso, coerción y fallas de protección institucional.

De acuerdo con información del INEGI, en 2020 se contabilizaron 3 mil 830 menores de entre 11 y 17 años que ya eran madres en Tamaulipas. Para 2024, el 13.4 por ciento de los nacimientos registrados en la entidad correspondió a madres adolescentes.

Aunque estos datos permiten dimensionar el problema, también muestran una falla: las estadísticas no siempre separan con claridad a las niñas menores de 15 años de las adolescentes, lo que impide conocer con precisión cuántas fueron víctimas de violencia sexual y cuántos casos terminaron en una investigación penal.

A nivel nacional, organizaciones especializadas, con base en registros oficiales, reportaron *5 mil 983 nacimientos de madres de entre 10 y 14 años durante 2024*. Cada uno de esos casos debió activar protocolos de protección, atención médica, acompañamiento psicológico e investigación.

Una niña de 10, 11, 12, 13 o 14 años no debería ser presentada únicamente como “madre adolescente”. En esas edades, las instituciones deben revisar si existió abuso, quién era el responsable, si el entorno familiar conocía la situación y si alguna autoridad falló al detectar y atender la violencia.

Las instituciones siguen reaccionando tarde

La Secretaría de Salud ha reportado el seguimiento de más de 4 mil jóvenes embarazadas en Tamaulipas, según cifras difundidas en 2025. Sin embargo, ese número agrupa a adolescentes y no permite saber cuántas son menores de 15 años.

La falta de información desagregada también es una forma de invisibilizar el problema. Si las autoridades no informan cuántas niñas están embarazadas, cuántas reciben atención y cuántos casos son investigados como violencia sexual, resulta imposible evaluar si las políticas de prevención están funcionando.

La responsabilidad no corresponde únicamente a las familias. También involucra a las secretarías de Salud y Educación, al DIF, a las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes, a las fiscalías y a los municipios.

Todas tienen obligaciones específicas: prevenir, detectar señales de violencia, atender a las víctimas, activar protocolos y garantizar que los agresores sean investigados.

Pero la realidad demuestra que las instituciones suelen aparecer cuando el embarazo ya es evidente, cuando la niña llega a un hospital o cuando el caso se vuelve público. La prevención tendría que comenzar mucho antes, en las escuelas, los centros de salud y las comunidades.

Más que cifras, niñas sin protección

El caso reciente de una menor de 11 años embarazada en Matamoros exhibió la gravedad de una problemática que no es nueva. La diferencia es que esta vez volvió a colocar el tema en el centro de la discusión pública.

Mientras las autoridades hablan de educación sexual y prevención, miles de menores continúan enfrentando embarazos que pueden poner en riesgo su salud física y emocional. Y cuando se trata de niñas de entre 10 y 14 años, el Estado no puede limitarse a contabilizar nacimientos: debe investigar las condiciones en que ocurrieron y protegerlas de cualquier forma de violencia.

Los números no son suficientes. Tamaulipas necesita datos actuales, protocolos que se cumplan y resultados verificables. Sobre todo, necesita instituciones que actúen antes de que una niña llegue embarazada a un hospital, no después de que el caso se convierta en noticia.