Grupos de madres de familia en Tamaulipas han levantado la voz para denunciar públicamente la alarmante evasión del pago de pensiones alimenticias por parte de deudores morosos.

Las afectadas señalan que la falta de manutención se ha convertido en una crisis que vulnera los derechos fundamentales de miles de niños y adolescentes en la entidad, dejándolos sin acceso a los recursos básicos necesarios para su desarrollo integral y bienestar diario.

A través de diversos pronunciamientos, las denunciantes han expuesto la ineficacia y lentitud de los procesos en los juzgados familiares, argumentando que los trámites para exigir el cumplimiento de estas obligaciones suelen ser desgastantes, largos y costosos. Además, acusan que muchos progenitores recurren a tácticas evasivas, como renunciar a sus empleos formales, traspasar bienes o reportar ingresos menores a los reales, logrando evadir la justicia aprovechando los vacíos legales del sistema.

Esta situación obliga a las madres a asumir la totalidad de la carga económica y de cuidados, enfrentándose a dobles o triples jornadas laborales para poder cubrir los gastos de alimentación, educación, vestimenta y salud de sus hijos. Colectivos de defensa de las infancias y agrupaciones feministas han subrayado que el abandono económico constituye una forma de violencia patrimonial y psicológica que las instituciones han fallado en sancionar y erradicar, perpetuando así la desigualdad.

Ante este panorama de vulnerabilidad, las agrupaciones exigen al Congreso local y al Poder Judicial del Estado la implementación de mecanismos mucho más estrictos y resoluciones expeditas para castigar a los deudores alimentarios. Entre sus principales demandas destacan la operatividad efectiva de un padrón público de morosos y la aplicación implacable de embargos salariales, advirtiendo que mantendrán sus exigencias hasta que la manutención deje de ser tratada como un favor y se garantice como una obligación ineludible.