Tamaulipas arrastra un vacío legal que permite que proveedores sin capacidad real o incluso empresas simuladas accedan a contratos públicos. Ante este escenario, se plantea la necesidad de endurecer las leyes y establecer mecanismos que obliguen a investigar a quienes venden servicios al gobierno, con el fin de frenar prácticas como licitaciones simuladas, uso de prestanombres y compañías fachada.

En ese contexto, Andrés Norberto García Repper Favila, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas (FECC) advirtió que el problema no es aislado ni menor, y planteó que el Congreso local incorpore en su agenda la reforma a la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado y sus Municipios. El objetivo, sostuvo, es construir un marco jurídico que cierre espacios a la corrupción en la contratación pública, un terreno donde históricamente han operado esquemas opacos.

“Cuando hay corrupción por desvío de dinero a través de operaciones de compra-venta por adquisiciones, siempre está involucrada también la iniciativa privada. No puede haber un acto de corrupción si no existe el corruptor, que normalmente es quien viene de la iniciativa privada y para obtener una decisión favorable normalmente ofrecen algún tipo de prebenda o como se conocen los moches. Esto es una verdad cultural en todo el gobierno de nuestro país que se ha venido heredando. Es una práctica que daña mucho. Dicen, mira, pero ¿con qué cumpla? Yo creo que no, yo creo que debemos evitarlo”.

La advertencia apunta a una falla estructural, actualmente, la Fiscalía Anticorrupción carece de facultades para investigar de oficio a los proveedores inscritos en el padrón gubernamental. Su actuación depende de denuncias, lo que limita la detección temprana de irregularidades. De acuerdo con el funcionario, una reforma permitiría tanto a la Contraloría como a la propia Fiscalía indagar a profundidad quiénes están detrás de las empresas antes de que se concreten los contratos.

“A veces se cumplen todos los requisitos, pero no sabemos quiénes están detrás, si son prestanombres de los propios funcionarios, podría ser. Entonces, es una tarea pendiente que tiene que ver con cómo instrumentamos un marco jurídico que impida la corrupción desde antes de que suceda, que ya no haya posibilidad de hacerlo”.

El problema no es hipotético. El fiscal recordó casos documentados en el país donde supuestas empresas proveedoras del gobierno operaban desde ubicaciones que no correspondían con su giro, como vulcanizadoras o domicilios improvisados, evidenciando la simulación en la prestación de servicios.

Además, reveló que en reuniones con fiscales de otras entidades y funcionarios federales se ha identificado la existencia de despachos especializados en la creación de empresas “a modo”, diseñadas específicamente para participar en contrataciones públicas irregulares.

“Son despachos muy especializados que participan en estos fraudes, porque ellos saben qué tipo de documentos integrar, les ayudan a integrarlos y de repente las empresas pueden participar en una adquisición y luego desaparecen. Y estas personas deshacen la empresa, informan que quebró o lo que sea, y crean después otra empresa porque no está prohibido, pero creo que sí debiera haber una legislación que investigue a profundidad a los proveedores”.

Frente a este esquema, el funcionario planteó que el Estado sigue operando con criterios laxos frente a un problema sofisticado. Para ilustrarlo, comparó el proceso con una decisión cotidiana que, en contraste, suele ser más rigurosa.

“Es como cuando tú vas a contratar a alguien que va a ir a ponerte el piso de tu casa, no vas a contratar a cualquiera que veas en Facebook, tienes que preguntar referencias, recomendaciones, quejas, entonces creo que los gobiernos, por lo menos en Tamaulipas, debe evolucionar a que la legislación se prevenga ese tema”.

La insistencia en reformar la ley no solo apunta a castigar, sino a prevenir. Sin cambios de fondo, la puerta seguirá abierta para que redes de corrupción se reciclen bajo nuevas razones sociales, mientras el sistema de contrataciones públicas continúa operando con controles insuficientes.