Por Marcela Guzmán

Georgina Victoria Cardín García denunció públicamente haber sido víctima de violencia familiar y violencia institucional durante un proceso judicial relacionado con la custodia y convivencia de su hijo.

A través de una carta abierta en redes sociales, la mujer señaló a José Luis “N” como su presunto agresor y acusó a la jueza Civil y Familiar de Río Bravo, Perla Patricia Hernández Quintero, de omitir protocolos de protección para ella y el menor.

De acuerdo con su testimonio, cuando tenía ocho meses de embarazo habría sido privada de su libertad durante aproximadamente 16 horas por José Luis “N”, quien presuntamente buscaba aislarla de su familia y ejercer presión sobre ella, pese a que se trataba de un embarazo de riesgo.

También aseguró que el hombre le habría quitado su vehículo, sus llaves y dinero de sus cuentas, dejándola sin recursos para atenderse junto con su bebé. Además, afirmó que intentó sacarla por la fuerza de la vivienda de su madre y que existen pruebas documentales sobre esos hechos.

Cardín García señaló que presentó una denuncia penal y que cuenta con pruebas para acreditar la violencia que, según su versión, sufrió. Sin embargo, afirmó que la investigación no ha avanzado.

*Acusa omisiones dentro del juicio familiar*

La mujer relató que, después del nacimiento de su hijo, José Luis “N” reapareció para solicitar convivencias y derechos dentro del proceso familiar, sin asumir —según su denuncia— sus responsabilidades económicas relacionadas con consultas médicas, parto y pensión alimenticia.

Afirmó que el propio denunciado incorporó la carpeta penal en la que aparece como presunto agresor al expediente familiar y que la jueza Perla Patricia Hernández Quintero la utilizó para reconocer derechos de convivencia, sin activar protocolos de protección para el menor ni aplicar una perspectiva de género.

Cardín García aseguró que existen documentos y peritajes psicológicos en los que se describiría al padre como una persona manipuladora y con falta de empatía. No obstante, la autoridad judicial habría ordenado convivencias entre el menor y su padre.

La denunciante sostiene que las decisiones judiciales han ignorado los riesgos que, desde su perspectiva, representan José Luis “N” y su entorno familiar, tanto para el niño como para ella.

*Señala multas y represalias*

La mujer indicó que ha recurrido a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, al Tribunal de Disciplina del Poder Judicial estatal, al Instituto de las Mujeres y a colectivos ciudadanos para solicitar apoyo y protección.

También afirmó que, después de manifestarse pacíficamente frente al juzgado, recibió represalias y nuevas multas, las cuales atribuye a la jueza.

“Perla Patricia Hernández Quintero continúa ahogándome con multas y forzando convivencias”, señaló en su escrito.

Cardín García acusó a la juzgadora de actuar con parcialidad y de no atender los protocolos establecidos para proteger a niñas, niños y mujeres víctimas de violencia. Sin embargo, hasta el momento, no se ha presentado públicamente una resolución completa del expediente ni la postura de la jueza o del Poder Judicial sobre los señalamientos.

## Pide protección para ella y su hijo

La denunciante responsabilizó a José Luis “N”, a la jueza y a la familia del presunto agresor por cualquier daño que pudieran sufrir ella, su hijo o su madre.

Su caso vuelve a poner bajo cuestionamiento la actuación de las autoridades cuando existen antecedentes de violencia familiar dentro de un juicio de custodia o convivencia. La prioridad debería ser determinar el nivel de riesgo, escuchar al menor conforme a su edad y garantizar que las convivencias no se conviertan en una herramienta de presión o revictimización.

Cardín García pidió que su denuncia sea difundida para obtener acompañamiento y lograr que las autoridades revisen su caso. Mientras tanto, asegura encontrarse sin acceso efectivo a la justicia y en una situación de vulnerabilidad junto con su hijo.