Matamoros.— Este martes concluyó el procedimiento médico para interrumpir el embarazo de aproximadamente cinco meses de una niña de 11 años, cuyo caso ha generado profunda consternación a nivel nacional. La menor, que permanece internada en el Hospital General de Zona No. 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Matamoros, Tamaulipas, se reporta estable y bajo estricta vigilancia médica.

Hugo Gutiérrez Treviño, titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Matamoros, confirmó la conclusión de la intervención y señaló que la prioridad absoluta de las autoridades es preservar la salud y el bienestar de la niña. Asimismo, detalló que la madre de la menor estuvo presente durante toda la hospitalización y manifestó su consentimiento para llevar a cabo el procedimiento desde su ingreso al nosocomio.

Protección institucional y atención integral

Ante el contexto de vulnerabilidad que rodea a la menor, el DIF Matamoros asumió formalmente su resguardo. La decisión se tomó luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT) determinara que no existían las condiciones de seguridad necesarias para que la niña regresara a su entorno familiar, una humilde vivienda ubicada en el fraccionamiento Satélite.

Una vez que los especialistas del IMSS autoricen su alta médica, la menor continuará bajo la protección del organismo asistencial. Gutiérrez Treviño enfatizó que se le brindará atención integral, lo cual incluye acompañamiento psicológico, seguimiento médico y apoyo educativo. “Todos sus derechos que de alguna manera fueron vulnerados, nosotros ya queremos reintegrárselos precisamente. Ese es nuestro interés”, afirmó el procurador.

Investigación en curso

Paralelamente a la atención médica, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias que derivaron en el embarazo, indagando un probable caso de abuso sexual.

Las autoridades han mantenido hermetismo sobre los detalles de la investigación y la identidad de los posibles responsables para no entorpecer las diligencias ministeriales y, primordialmente, para proteger la privacidad y garantizar el interés superior de la niñez. Por el momento, el personal del DIF ha evitado interrogar a la niña sobre los hechos, dejando esa labor exclusivamente en manos de la Fiscalía.