La falta de espacios especializados y de protocolos de atención mantiene en las calles de Reynosa a personas en situación de vulnerabilidad, algunas de ellas con posibles padecimientos de salud mental.

La noche del 7 de septiembre, una mujer que se encontraba en la vía pública, en una zona de riesgo para ella y para los automovilistas, requirió la intervención de los cuerpos de emergencia.

Al lugar también acudieron integrantes del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, quienes solicitaron apoyo para que la mujer recibiera atención. Sin embargo, el caso volvió a exhibir las dificultades que enfrentan las autoridades y las organizaciones para encontrar un espacio adecuado donde atender de inmediato a una persona en crisis.

Casa del Indigente brinda atención, pero tiene límites

En Reynosa opera la Casa del Indigente, ubicada sobre el bulevar Luis Echeverría, en la colonia Aquiles Serdán. El lugar ofrece alojamiento a mujeres y hombres en situación de calle, además de alimentos, ropa y atención médica.

El espacio cuenta con la colaboración del médico psiquiatra Amadeo de León, quien realiza valoraciones a las personas albergadas.

Sin embargo, el refugio enfrenta una limitación legal: nadie puede ser retenido contra su voluntad únicamente por vivir en la calle o presentar un posible trastorno mental. Si una persona decide retirarse, puede volver nuevamente a la vía pública, incluso cuando su permanencia represente un riesgo para su integridad.

La situación deja a los refugios y cuerpos de emergencia en una posición limitada. Pueden ofrecer ayuda, pero no obligar a una persona a permanecer en el lugar ni sustituir los servicios especializados de salud mental.

No es un problema de imagen urbana

El caso no puede reducirse a un asunto de seguridad, tránsito o imagen urbana. Se trata de personas que, en muchos casos, carecen de una red familiar, atención médica continua, vivienda y condiciones para tomar decisiones seguras sobre su propio cuidado.

Retirar a una persona de la calle por unas horas no resuelve el problema si después regresa al mismo entorno, sin seguimiento psicológico, tratamiento médico ni un lugar permanente donde pueda estar protegida.

La atención requiere coordinación entre el Ayuntamiento, los servicios de salud, el DIF, la Comisión Estatal de Atención a Personas con Trastornos Mentales, cuerpos de emergencia y organizaciones civiles.

También hacen falta protocolos claros para intervenir cuando exista una situación de riesgo, siempre con una actuación humanitaria, profesional y respetuosa de los derechos humanos.

Mientras no existan alternativas de atención continua, las personas con posibles padecimientos mentales seguirán expuestas en las calles de y la respuesta institucional continuará dependiendo de llamadas de emergencia, refugios con capacidad limitada y colectivos ciudadanos que intentan llenar los vacíos de un sistema que todavía no ofrece una solución integral.