Un verdadero terremoto político sacudió este viernes el escenario electoral de Tamaulipas luego de que el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) emitiera una resolución histórica que deja prácticamente fuera de la contienda futura al actual alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Abraham Gattás Báez, y a su secretario del Ayuntamiento, Hugo Arael Reséndez Silva.

En una sesión extraordinaria celebrada ayer jueves, el órgano electoral confirmó la existencia de violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMRG) en el expediente PSE-25/2025, determinando que ambos funcionarios son responsables de la infracción y, como consecuencia directa, sus nombres serán inscritos durante un año en el Padrón Nacional de Personas Sancionadas; esta medida no es solo administrativa, sino que conlleva un costo político letal: quedan impedidos legalmente para ser postulados a cualquier cargo de elección popular mientras sus nombres permanezcan en dicho registro.

La sanción económica impuesta, una multa de 11,314 pesos equivalente a 100 UMA, parece simbólica frente al golpe a sus carreras políticas, pero viene acompañada de medidas de reparación integral obligatorias, que incluyen una disculpa pública y la lectura de bibliografía especializada para garantizar la no repetición, bajo advertencia de medidas de apremio si no se cumple el pago en 15 días.

Pero la “mano dura” del IETAM no se limitó a la capital del estado, pues en la misma jornada se sentó un precedente crucial en materia de derechos de identidad de género en la zona sur. Al resolver el expediente PSE-24/2025, el instituto sancionó a la regidora panista de Tampico, Carmen Díaz Barrios, y amonestó a Guadalupe Menéndez Balderas, por ejercer violencia simbólica y discriminatoria contra su compañera de Cabildo, Lorena Ortiz Ramírez.

La falta consistió en negarle deliberadamente su identidad al referirse a ella repetidamente como “regidor” (en masculino) en documentos oficiales y sesiones públicas, ignorando su cargo correcto de “regidora”; este acto, calificado no como un error lingüístico sino como una estrategia de anulación política hacia la comunidad LGBTQ+, le costará a Díaz Barrios seis meses de inhabilitación en el registro de violentadores, bloqueando también cualquier aspiración electoral inmediata.

Finalmente, el IETAM cerró la pinza de resoluciones revisando el caso de Sabrina Morales Chávez (PSE-56/2024) en cumplimiento a una sentencia del Tribunal Electoral, determinando que sí existió violencia política de género por parte del medio digital “4C News” al difundir estereotipos que minimizaban su capacidad por ser mujer y joven, aunque exoneró en esta instancia a su excontrincante panista José Schekaibán.

Con estas determinaciones, presentadas por la consejera Marcia Laura Garza Robles, el árbitro electoral envía un mensaje contundente de “cero tolerancia” que reconfigura el mapa político del estado de cara a los próximos procesos.